domingo, 26 de agosto de 2012

DETRÁS DEL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO CIVIL


EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL UNIFICADO
Al habitante medio de la Nación, sea o no abogado, le preguntaré cuántas veces se ha enfrentado con injusticias o arbitrariedades derivadas de la aplicación de un Código Civil que data de 1871, al punto que sea necesaria una modificación integral. Si tiene conocimiento de causa o simplemente experiencia, lo probable es que responda que nunca o casi nunca. Sí en cambio se han consumado  iniquidades provocadas por el desprecio u olvido de sus normas y principios, y por la falta de respeto a las garantías y derechos constitucionales.
 III. ÍNDOLE DE MIS OBSERVACIONES. CUESTIÓN PRELIMINAR
Mis cuestionamientos al proyecto no se limitarán a lo técnico-jurídico –inclusive por razones de espacio, es imposible la crítica en un blog de la totalidad de los cambios diseñados- sino se inscriben en un marco más amplio de preocupaciones, temores y certezas sobre lo negativo.
Se está procurando un cambio radical no meramente de un cuerpo normativo al que se desecha por antiguo, sino de consolidar un poder con crecientes tendencias totalitarias y propenso al adoctrinamiento masivo y al control de los medios de difusión (ley de medios –n° 26.522[1]- ley de prensa n° 26.736, ley de educación n° 26.206[2]), aunque se proclame la vocación por el consenso y se invite a enviar sugerencias sobre aspectos puntuales.
Mientras discutimos sobre el proyecto de Código Civil, se está preparando una reforma constitucional, que arrase con las declaraciones, derechos y garantías liberales de nuestra actual Ley Suprema. En tal sentido, la reforma del Código Civil y su unificación con la legislación comercial parece ser un globo de ensayo para medir las resistencias del cuerpo social, y avanzar ulteriormente en nuevas modificaciones, ya no solamente de técnica jurídica, sino en la concepción que informa la Constitución. Según el sitio http://www.perfil.com/contenidos/2012/06/19/noticia_0037.html, movimientos afines al actual gobierno –para hablar sin ingenuidad, cuyos móviles responden tanto a la cercanía política como al financiamiento estatal- han lanzado al ruedo una campaña
"...para crear un nuevo Estado al servicio de las mayorías populares" y en septiembre harán un congreso para ese fin”.
“Según un cronograma que dio a conocer el titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, a partir del mes próximo se constituirá el "Movimiento por una nueva constitución emancipadora" en cada uno de las provincia con la perspectiva de realizar un congreso nacional en septiembre y generar el cambio de Carta Magna al cumplirse el año venidero el segundo centenario de la Asamblea del año '13”.
Añaden:
"Cada Constitución es reflejo de un proyecto de país: la vigente es hija del Pacto de Olivos y de la hegemonía del Consenso de Washington que fue pensada para el proyecto neoliberal de sumisión de la Nación, de extranjerización de la economía, el saqueo de los recursos naturales y la exclusión de millones de argentinos".
 Dejando de lado la estolidez de esa aserción –la actual presidente fue una de las convencionales constituyentes, por lo que tales crímenes de "neoliberalismo" deberían cargarse en su cuenta- si lo que se hubiera querido es consolidar un proyecto liberal –con el prefijo neo o no- lisa y llanamente no se habría reformado la Ley Fundamental anterior.
 Según el sitio web antes mencionado, “del acto participaron, además de Yasky y el sindicalista Pedro Wasiejko, de la CTA; Luis D'Elía (Miles); Ricardo Forster (Carta Abierta), Edgardo De Petri (Frente Transversal), Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro) y representantes del Movimiento Evita, de Descamisados, del Partido Comunista y otras organizaciones kirchneristas”. ¡Qué bonita vecindad!
 Prosigue el informe periodístico:
“El encuentro, realizado en el Teatro Margarita Xirgú, los dirigentes kirchneristas suscribieron un documento en que afirman que se "debe construir una nueva Constitución no desde pactos y cenáculos sino desde la más amplia participación de la mayoría en la senda del constitucionalismo popular practicado en nuestra América" como en Venezuela, Ecuador y Bolivia”.
Es toda una definición. Pues bien: me defino categóricamente situándome en la vereda opuesta. La Constitución de 1853-1860 –cuyas declaraciones, derechos y garantías no fueron borrados por la reforma de 1994, gracias a la ley 24.309 que estableció los límites de la reforma- y el Código Civil se inspiraron en los países avanzados, y coexistieron con el prodigioso progreso que convirtió a nuestro país, al menos hasta 1930, en un país en aquella época muy distinto del resto de Iberoamérica; verdadera tierra de promisión para muchos inmigrantes, que dejaban sus países de origen –principalmente Italia y España, pero también Rusia (los judíos que huían de los pogroms zaristas), las actuales Siria y Líbano, Francia, Irlanda, Gales- buscando, según los casos, mejorar su fortuna o preservar sus vidas y libertades, objetivo que consiguieron en la totalidad de los casos[3].
Si nuestros inspiradores van a ser países pobres y totalitarios o en camino hacia el totalitarismo, nos preocupemos por la reforma del Código Civil, pero más aún nos alarmemos y pongamos las barbas en remojo porque, como lo dijeron en un alarde de inverecunda sinceridad, “van por todo”.

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