"TIPO DE CAMBIO ELEVADO", DEVALUACION Y POBREZA

No deja de ser curioso que un gobierno que se presenta como "progresista", defienda como uno de los puntales de su modelo la devaluación permanente, y el tipo de cambio real elevado. Quizás, más allá de las consideraciones económicas, subyace la idea que mientras más elevados están el dólar y el euro, más lejos nos hallaremos del odiado mundo civilizado (o medianamente civilizado); del "centro" que esclaviza a la periferia.

Con eufemismo, se habla de un tipo de cambio "competitivo"; sin embargo justamente el argumento menos presentable –y por eso, pocas veces enunciado con sinceridad y crudeza- pero más acorde con la realidad, es que la competitividad que se procura a través de la permanente devaluación de nuestra moneda es mediante la reducción de los salarios reales[1]. Una variante políticamente más digerible del argumento –esbozada por el ex Ministro de Economía Lavagna- es que la reducción de los salarios en dólares no implica necesariamente disminución del salario real, hazaña que no parece fácil de realizar, si se tiene en cuenta que los salarios reales dependen, para los sectores de menores ingresos, fundamentalmente del precio de los alimentos, vestimenta y medicamentos, todos ellos comercializables internacionalmente (sean exportables, importados o sustituyan importaciones).
Ya Keynes decía que, como los salarios nominales son inflexibles a la baja[2], la única forma de reducirlos es provocar su disminución en términos reales mediante la devaluación de la propia moneda[3]. Aunque el argumento fuera cierto –lo que no deja de ser curioso que sea defendido por el populismo vernáculo- el hecho incontrastable es que toda devaluación provoca una caída del salario real y –al menos en el corto plazo- una recesión, por la reducción de los ingresos reales y con ello de la capacidad adquisitiva del grueso de la población.
La lógica interna de toda devaluación -sea brusca, sea "en cuotas"- es la intención de que los productores locales de bienes pudieran subir sus precios en pesos respecto del "costo argentino", constituido por los costos de la mano de obra, por los precios de los servicios públicos (transporte, gas, energía eléctrica, provisión de agua) y los salarios de la administración pública. Si todos los salarios y los precios de los bienes no comercializables internacionalmente subieran en la misma proporción que el dólar y el euro, no existiría cambio de precios relativos, y la devaluación de nuestra moneda no generaría ninguna ventaja competitiva.
Pero no sucede así. Los bienes exportables e importables tienden a acompañar el precio de las divisas extranjeras, menos las retenciones (los primeros) y más los aranceles y demás costos (los segundos), pues quienes puedan exportar, no venderán en el mercado interno a un precio menor; y los importadores no cobrarán un precio más bajo que el del valor en dólares u otras divisas -según la moneda empleada en la importación- de los productos que importan, más los aranceles, fletes, seguros y demás costos. Eso fomenta la sustitución de importaciones –pues quienes no podían competir con las importaciones con el dólar a un peso, pueden hacerlo si cuesta casi cuatro- pero en economía nada es gratis: la sustitución de importaciones se produce porque con el actual nivel de precios –en relación con los salarios- se han reducido los salarios reales y con ellos el costo de la mano de obra (desde el lado de los costos); y se ha elevado el precio de los bienes importados (que se tornan menos accesibles dada la reducción de salarios e ingresos reales de la generalidad de la población).
Huelga señalar que la permanente emaciación del valor de nuestra moneda afecta principalmente a los sectores de menores ingresos, que gastan la mayor parte de éstos en bienes alimentos, bebidas, medicamentos y ropa, y proporcionalmente, utilizan menor cantidad de servicios (no comercializables internacionalmente, y cuyo precio ha subido comparativamente menos que los precios de los bienes transables).
Desde el punto de vista de la balanza comercial, una devaluación sólo la "mejora" -si es que el concepto tiene algún sentido- cuando aumenta el ingreso en una proporción mayor que el eventual aumento en la absorción (consumo más inversiones, más gasto público) o, lo que es más probable, si reduce la absorción en una proporción mayor de lo que se reduce el ingreso[4]. Dado que el principal rubro de la absorción –o demanda agregada- es el consumo, está claro que si se obtienen mayores saldos netos en la balanza comercial es porque la devaluación de nuestra moneda reduce los ingresos del grueso de la población –la que tiene mayor propensión marginal al consumo respecto de su ingreso disponible- y disminuye consecuentemente el consumo. La redistribución del ingreso de los grupos con propensión marginal al consumo alta –es decir, los sectores más pobres- hacia los grupos con propensión marginal comparativamente menor –los sectores de mayores ingresos- reduce la absorción y “mejora” la balanza comercial[5].
Otro efecto de la devaluación suele ser el llamado “efecto saldos monetarios”. Como el aumento de la cotización de las monedas extranjeras aumenta los precios en moneda interna de los bienes comercializables internacionalmente, si el gobierno mantiene constante la cantidad de dinero o lo aumenta en menor proporción que el incremento anterior, el aumento de los precios disminuye el valor real de las tenencias monetarias del público. Esto tiene un efecto contractivo de la demanda global, adicional al efecto redistribución[6].
En suma: la principal “virtud” de un tipo de cambio "competitivo" es que reduce los salarios en dólares y los salarios reales, y consecuentemente el gasto público en dólares, así como induce una reducción del consumo y del valor real de las tenencias monetarias, y por ende de la demanda global, que genera un excedente en la balanza comercial. Sería bueno que quienes alientan nuevas devaluaciones o se alegraron del abandono de la convertibilidad sinceraran la razón de su aliento –quienes lo saben- o tuvieran clara conciencia de lo anterior (quienes lo ignoran). Esto es absolutamente independiente de que sea a veces necesaria o no: aún en la hipótesis de que la necesidad fuera real, y no alimentada por una ideología hostil a la convertibilidad, los terribles efectos –desocupación, aumento explosivo de la pobreza, hambre- que provocó la macrodevaluación -como los provoca siempre toda devaluación- no dejarían de ser ciertos.
Es necesario repetirlo con todas las letras: sólo se puede mantener el tipo de cambio alto en términos reales, manteniéndose la pobreza y la huida del dinero nacional. Si la economía crece, vuelve la confianza y aumenta el ahorro, el tipo de cambio real tiende a caer. Si el tipo de cambio es fijo, la valorización de nuestra moneda en términos reales, se dará por el incremento relativo del precio de los bienes no transables[7] lo que no es malo, pues la mayor parte de los habitantes produce bienes o servicios no transables. Si el tipo de cambio es fluctuante, tiende a revaluarse la moneda del país; con esa revaluación, los precios de los bienes comercializables internacionalmente descienden, lo que no sucede, u ocurre en menor medida, con los no comercializables en el exterior.
No deja de ser llamativo que el populismo y el "progresismo", en Argentina, coincidan en las supuestas virtudes del dólar alto, que es el modelo de los sueldos y salarios bajos. Un mes antes de su renuncia, el ex ministro Roberto Lavagna manifestó que era una falacia asociar tipo de cambio elevado con salarios reales bajos, "salvo para los que veranean en Miami". En noviembre de 2005, Fidel Castro también afirmó que los sueldos de 10 dólares mensuales de Cuba no eran una señal de pobreza, pues los servicios médicos y la educación son gratuitos. En otras palabras, dijo que los bienes no transables son baratos.
Es cierto que en los países pobres los bienes no transables son baratos, pero eso es una consecuencia de la propia pobreza. Los ingresos de la población, en términos reales –y en divisas fuertes- son bajos; como se trata de bienes y servicios cuyo precio está determinado exclusivamente por el mercado interno, ante ingresos, demanda y costos salariales reducidos, los precios son más bajos. Pero convertir la pobreza en virtud, es una forma de ocultar los propios fracasos, y nos hace recordar a la fábula de la zorra y las uvas.
[1] En un raptus de sinceridad, lo dijo el ex ministro Remes Lenicov, quien destacó que la devaluación apuntaba a reducir las remuneraciones en el sector público, y bajar así el nivel del gasto público en dólares.
[2] “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”, Fondo de Cultura Económica, México, segunda reimpresión de la segunda edición, 1971, p. 207. “Podemos por tanto, en teoría cuanto menos, producir precisamente los mismos efectos sobre la tasa de interés reduciendo los salarios, al mismo tiempo que dejamos invariable la cantidad de dinero, que aumentando la cantidad de dinero y dejando sin variación el nivel de salarios” (p. 235). “...solamente en una sociedad altamente autoritaria, en la que pudieran decretarse cambios sustanciales y completos, podría funcionar con éxito una política de salarios flexibles”(p. 237). “Por ejemplo, los salarios nominales en Gran Bretaña durante los disturbios, la incertidumbre u las amplias fluctuaciones de la década 192-1934, fueron estables dentro de un límite del 6 pr ciento, en tanto que los salarios reales fluctuaron en más del 20 por ciento”(p. 244).
[3] “A la luz de estas consideraciones opino que el mantenimiento de un nivel general de salarios nominales es, en general, la política más aconsejable para un sistema cerrado; al tiempo que la misma condición será valida para un sistema abierto, a condición de que pueda lograr el equilibrio con el resto del mundo por medio de fluctuaciones en los cambios sobre el exterior” (Keynes, obra citada, p. 238)
[4] Ana M. Martirena-Mantel, “Economía Internacional Monetaria”. Teoría de la balanza de pagos”, Ediciones Macchi, 1978, págs. 175, 203; Juan Carlos de Pablo, “Macroeconomía”, Fondo de Cultura Económica, 1991, págs. 623-625.
[5] ANA M. MARTIRENA-MANTEL, “Economía Internacional Monetaria”. Teoría de la balanza de pagos”, Ediciones Macchi, 1978, págs. 176 y ss.
[6] JUAN CARLOS DE PABLO, obra citada, y sus citas de DIAMAND, MOYANO LLERENA, SIDRAUSKI, CHEN y SALOP, págs. 624-625; ANA M. MARTIRENA-MANTEL, obra citada, págs. 227-234.
[7] Los precios de los bienes transables, al estar sometidos a los precios internacionales, no varían si el tipo de cambio es fijo.

EL FEDERALISMO

En la Argentina de hoy, parece una broma de mal gusto que se defina como representativa, republicana y federal (artículo 1° de la Constitución), y que uno de los nombres adoptados para la Nación, sea "Confederación Argentina" (art. 35).
El federalismo, cuando existe, constituye un obstáculo al gran gobierno del Gran Hermano, y por eso, no es defendido con seriedad por ninguna de las principales corrientes políticas nacionales. La reforma de 1994, que eliminó el Colegio Electoral y la elección indirecta, coadyuvó a su muerte definitiva.
Un auténtico federalismo conspira contra los grandes partidos, el gran estado, las políticas económicas, educativas y culturales centralizadas, y contra el dirigismo que ha constituido una peste para las libertades y el desarrollo de la economía. Más que por lo que positivamente aporta, debe defendérselo por lo que posibilita y por lo que impide: promueve la competencia entre provincias para atraer inversores y residentes; si los tributos fueran recaudados principalmente por las provincias, podrían ofrecer ventajas diferenciales, y los flujos de inversión premiarían a las que mantienen gastos públicos e impuestos moderados; favorece el "voto con los pies" de los habitantes y contribuyentes descontentos con determinados gobiernos locales, y en general amplía la libertad de elección.
Los gobiernos totalitarios, autoritarios y planificadores son hostiles al federalismo, como son contrarios a todo aquello que suponga una limitación jurídica o fáctica a su poder. El federalismo implica recortar el poder del gobierno central, y poner límites a sus pretensiones unificadoras en materia económica, política, cultural y de las ideas. Por ese motivo, las burocracias enquistadas no sólo en los ministerios de economía y planificación, sino en los grandes partidos políticos nacionales y en el ministerio de educación, rechazan la dilución de su poder, aunque a veces se vean forzados a rendir un homenaje meramente verbal al principio federalista.
Los embates contra el federalismo provienen de distintos ámbitos:
En lo económico, se ha hablado con frecuencia y sin precisión de un "federalismo funcional", distinto del político: el poder central, generosa y sabiamente, distribuiría en forma equitativa la inversión y el gasto públicos, favoreciendo a las provincias más rezagadas, de forma de asegurar la "igualdad de posibilidades". Para hacerlo, se necesitan macroorganismo "federales" –es decir, del Estado nacional- con amplias facultades y más amplios presupuestos. Esos leviatanes no serían posibles, a la vez, sin una fuerte concentración de la recaudación por el poder central, en desmedro de las provincias.
Cuando periódicamente se destapan hechos de corrupción, la opinión pública los atribuye a los vicios morales de los gobernantes, pero eso es sólo una parte –superficial- del problema. La cuestión central es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Otorgar excesivas facultades y fondos de uso discrecional a funcionarios nacionales, es generar incentivos perversos para las flaquezas morales.
Cierto es que en un sistema federal con efectiva descentralización también puede prohijar actos corruptos, pero al concentrar menos poder, menores recursos económicos, y depender éstos de contribuyentes locales, los incentivos de los gobernados para controlar el buen uso del dinero que aportan son mayores, que cuando un funcionario nacional, con fondos provenientes de los impuestos de todo el país, decide sobre la suerte de obras e inversiones públicas en una u otra provincia o municipio, según criterios discrecionales.
La división de poderes –no sólo entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial- sino entre las provincias y la nación- responde a la realista concepción de que los seres humanos son falibles, y que el poder debe ser controlado y contrapesado por otro poder. La idea republicana de un gobierno de leyes y no de hombres, se basa en un sano escepticismo acerca de las virtudes de gobernantes supuestamente esclarecidos. El liberalismo, sin ser pesimista, es realista acerca de los límites de la virtud, y prefiere instituciones y controles, antes que déspotas pretendidamente esclarecidos.
Partiendo de la premisa anterior, el "federalismo funcional" es centralismo más proclamadas buenas intenciones, más poderes discrecionales, más fortalecimiento del poder ejecutivo nacional por vía de delegación, más impuestos, impuestos y más impuestos. Puede ser que algunos crean de buena fe que eso es federalismo; resulta más fácil creerlo aún, cuando la propia retribución depende de ese sistema.
Desde el Ministerio de Educación, por razones ideológicas o por dependencia del presupuesto nacional, se repudia todo lo que implique diversidad, y diferencias con las concepciones políticas subyacentes en los planes educativos. So pretexto de las diferencias de nivel de educación, según los distintos niveles de ingreso, se han uniformado los contenidos y se ha tendido a centralizar las políticas y contenidos educativos.
Bajo el alero de una ideología colectivista, la ley 26.206 concibe a la educación, no como un derecho individual (art. 14 de la Constitución Nacional), sino como "un bien público y un derecho personal y social" (art. 2), como si el carácter de "público" tuviese un valor ético superior a lo individual; "el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento" (art. 5); "el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional… el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto"[1] (como si una generación de ágrafos, pese a los crecientes presupuestos educativos, no fuera un indicador de que las falencias no provienen de la insuficiencia de recursos, sino en la prevalencia de la ideología y el sindicalismo); "el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública" (art. 10)[2]; "el Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país" (art. 15).
Excede el propósito de este ensayo desmenuzar la ley nacional de educación. Lo que no es verba ampulosa e inútil, es ideología socializante y "políticamente correcta". En lo que al federalismo concierne, es evidente que resulta incompatible con aquél, y tiende –como en materia económica- a acrecentar el poder del gobierno central en desmedro de las –cada vez menores- autonomías locales.
Los grandes partidos políticos nacionales, una Cámara de Diputados elefantiásica y a la vez sometida al Poder Ejecutivo, y el desequilibrio demográfico entre la Capital Federal más las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con el resto del país, han jibarizado al Senado. La nacionalización de los comicios, y la creciente importancia del financiamiento de las campañas electorales por el gobierno nacional, están reduciendo a la nada la autonomía decisoria de las provincias.
El federalismo sólo puede ser recuperado tirando por la borda las ideas de centralización más "coparticipación". Simplemente, eso no sirve, no evita la concentración del poder, y permite que sigamos proclamando la existencia de un país federal, pese a su notorio unitarismo. Sólo seremos federales cuando las provincias recuperen su capacidad de recaudar y la responsabilidad en sus gastos. Mientras sea el estado nacional quien recauda los principales tributos, y los "coparticipa" –a los coparticipables- o los distribuye conforme a criterios discrecionales, seguiremos viendo el penoso espectáculo de obras públicas inauguradas por gobernantes nacionales, que vienen como bienhechores o "hadas madrinas" a regalarnos escuelas, caminos u hospitales, rodeados de funcionarios provinciales o municipales desesperados para que las fotos testimonien su cercanía física –y presumiblemente su adhesión- al mandamás de turno.
En nuestro trato cotidiano con personas de mayor o menor inteligencia, ¿cuántas veces se nos ha dicho que es conveniente que resulte electo tal o cual gobernador, porque es amigo del poder central, y eso posibilitará un flujo regular de fondos a la provincia?
Lo lamentable, es que desde una perspectiva de corto plazo, alejada de lo institucional, y que desprecie a la iniciativa privada como motor de la economía, es cierto. En provincias de empleados públicos, beneficiarios de planes sociales y jubilados, la fuente principal de subsistencia de la mayoría de la población es el presupuesto estatal, y a la vez los principales recursos provienen de la Nación. Pero aceptar ese estado de cosas como una solución permanente significa reducir a mendicantes a las provincias. Si los estados locales no pueden financiar sus gastos con sus propios recursos; si en los hechos no pueden legislar en forma independiente; si no pueden tener orientaciones políticas, ideológicas o concepciones económicas distintas del poder central, el federalismo proclamado en nuestra Constitución es una burla.

Finalmente, las declaraciones de derechos y los tratados internacionales incorporados a la Constitución (artículo 75, inciso 22) son otro golpe contra el federalismo, pues se da rango constitucional a una serie de normas, principios, pretendidos valores y directivas de los que las provincias no pueden apartarse:

* En primer lugar, porque la unidad política "provincia" es irrelevante para esas convenciones, pues se acuerdan entre "estados partes".

* Segundo, porque presuponen la obligatoriedad de uniformar la legislación, siempre en un sentido socializante (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

* Tercero, porque para intentar cumplir los objetivos contenidos en aquellos tratados -que son firmados sin ningún rubor por las naciones totalitarias- es necesario que las provincias subordinen sus propias instituciones a convenciones impuestas desde el poder central. Ninguna provincia podría adoptar, de seguirse esas convenciones, una política liberal en lo económico, ni un sistema de educación basado fundamentalmente en la libertad de elección de los padres,

[1] Art. 9. Esa "consolidación" significa la unificación del presupuesto educativo, y su manejo por el Estado Nacional.
[2] Además de la imprecisión de los términos, lo que está claro es que no se pueden firmar tratados de libre comercio con países capitalistas, y ni siquiera socialdemócratas, si en ellos la educación no es centralizada ni estatizada (en Suecia han tenido gran éxito, para horror de los progresistas, los "vouchers" educativos, que confieren a las familias mayor libertad de elección.
El derecho de enseñar, conjugado con la libertad de empresa (ambos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional) suponen la licitud de obtener una ganancia (¡horror de los horrores, un lucro!) con institutos educativos. Pero la intención y el sentido de la norma, más allá de su difusa fraseología, está claro: no es cuestión de que empresas capitalistas extranjeras se instalen en el país para competir con la educación estatal o digitada por el Estado. La preservación de la ideología estatista, y su monopolio de la educación, se tienen que asegurar de cualquier modo.

IMPUESTOS "PROGRESIVOS" Y "REGRESIVOS"

El mito de la inofensividad para las empresas de los impuestos indirectos
La mayor parte del espectro político argentino se lamenta de la "regresividad" de nuestro sistema tributario. Recientemente Prat Gay se sumó a ese lugar común, los empresarios callan por temor u obsecuencia y también callan los políticos que en el fondo no creen en ese mito, paralizados por el temor a la "incorrección política" y a controvertir seriamente y desde el punto de las ideas, no meramente estético o moral, el modelo kirchnerista. No porque los "K" sean lindos, ni tengan buen gusto, ni sean éticamente irreprochables, sino porque el debate ausente en el país es la concepción que prevalecerá: la libertad económica y política o el socialismo, en sus distintas variantes.
Hermanada con el mito de la regresividad de la tributación en Argentina –que a la vez se basa en el presupuesto ideológico de que sólo los más pobres merecen consideración de parte de los poderes públicos, y que puede mejorarse su suerte con independencia de la situación del país- está la presunción de que los impuestos indirectos son trasladados íntegramente al consumidor, y consecuentemente, el empresariado por hipótesis no sufriría perjuicios con su imposición o incremento, al revés de los consumidores, que serían siempre los más dañados, con independencia de la elasticidad de la demanda de cada bien o servicio. Consecuencia de ese supuesto, es la recomendación que debería incrementarse la tributación directa, y reforzarse la "lucha contra la evasión" de los impuestos indirectos. Del impuesto inflacionario -típicamente regresivo- no se habla, porque hay que ser benévolos con el kakismo, a fin de no perjudicar la "gobernabilidad" y que no se acuse a quienes hablen de inflación, de un "ánimo destituyente".
En un artículo publicado en el Periódico Económico Tributario (2007 junio-374) que algún mérito debe tener, pues recibió el premio 2007 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, he demostrado que el aumento de precio derivado de los impuestos indirectos reduce las ganancias empresarias o aumenta las pérdidas. Pero además, todo nuevo impuesto o la modificación de su régimen genera costos adicionales: costos de adecuación de la estructura contable; costos de contratación de asesores; incremento de las inspecciones, que por sí solas son gravosas para el contribuyente, sean cuales fueren sus resultados finales; costos de actuar como agente de retención, y costos de sufrir las retenciones.
La AFIP –es decir, falibles personas de carne y hueso- puede impugnar el cómputo de créditos fiscales, cuando considera que los proveedores del bien son "apócrifos" (aunque no figuren en la "base APOC" del fisco). Si el contribuyente efectivamente ha desembolsado el dinero y ha recibido los bienes del proveedor, la impugnación, más las multas, más la eventual denuncia penal tributaria, pueden convertir su vida en un infierno. Se han dado casos en que, a la fecha de las operaciones cuestionadas, el proveedor no figuraba en la base de datos de facturas apócrifas de la AFIP, y consecuentemente, era imposible al contribuyente verificar que ese proveedor sería, ex post, considerado "suspectus" para el fisco. Si se encuentra en esa desgraciada circunstancia, nada de lo que haga el comprador tendrá valor probatorio para la administración tributaria: si pagó con cheques –como lo dispone la ley 25.345, titulada de "Prevención de la evasión fiscal"- se le dirá que eso forma parte de la "puesta en escena" para la evasión; si no pagó con cheques, se invocará en su contra la mencionada ley[1]. Ni siquiera la prueba de haber transferido efectivamente el dinero y haber recibido los bienes adquiridos serán considerados suficientes para el implacable leviatán fiscal. El art. 2° de dicha ley dispone que “los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1° de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones”.
El absurdo y la iniquidad son patentes, si se piensa que a la vez, el vendedor, prestador del servicio o locador que recibió el pago en dinero efectivo no se beneficia de la inoponibilidad de éste frente al fisco. Es decir, que el mismo pago tendrá valor de ingreso respecto del receptor –quien, por su parte, deberá computar el débito fiscal desde su devengamiento- pero no de pago para quien lo efectuó, con lo que, por una misma operación, se generará un débito fiscal en cabeza del vendedor, pero no un crédito fiscal para el comprador, pues respecto de él la operación será reputada inexistente.
Quien ha realizado un pago real, y no se computa el crédito fiscal de la adquisición del bien o de la contratación del servicio o locación, sufre una imposición que puede superar el 100% de la ganancia de la operación en cuestión. Si los créditos fiscales impugnados significan una proporción relevante de las compras del ejercicio, la tributación resultante es confiscatoria.
A la vez, el contribuyente que es un evasor real, y por mayor habilidad, suerte o carencia de patrimonio y trayectoria que defender, tiene enormes ventajas competitivas evadiendo impuestos elevados. Un sistema que genera riesgos y costos mayores a los contribuyentes que cumplen en mayor medida sus obligaciones con el fisco, y otorga "handicap" a los incumplidores, significa una agobiante e injusta presión sobre los primeros. Equivale a cazar en un zoológico: las presas son las que ya están encerradas.
El fisco como legislador, inspector y juez
Todos sabemos que el fisco "legisla" a través de resoluciones generales. La mayoría de nuestros constitucionalistas actuales -muchos de ellos, convenientemente ubicados en el sector público- se preocupa o dice preocuparse por otras delegaciones legislativas, pero no suele prestar atención a las monstruosa delegación de poderes en la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo dependiente del Poder Ejecutivo.
Miguel Angel Ekmekdjian, quizás el tratadista de derecho constitucional que más cuestionó las perversiones de nuestro sistema en cuanto a su sesgo a favor del poder ejecutivo, comentando la octava disposición transitoria de la Constitución[2] decía que esta norma "se refiere a la gran masa de reglamentos delegados, producidos por la Dirección General Impositiva, la Administración Nacional de Aduanas, el Banco Central de la República Argentina, el Ministerio de Economía, la Policía Federal, los distintos organismos que ejercen, algún tipo de poder de policía, etc., que han desperdigado a lo largo y a lo ancho del país incontables resoluciones, disposiciones y en general, normas de todo tipo y calibre, que impiden hasta a los abogados especialistas conocerlas a todas"[3].
El decreto 618/97 otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos potestades materialmente legislativas[4]. Ese mismo "legislador" inconstitucional es, además, inspector y, después de haber inspeccionado, asume el carácter de "juez" administrativo (artículo 17 de la ley 11.683). Que esa suma de facultades no difiera sustancialmente de las facultades extraordinarias que fulmina de nulidad el artículo 29 de la Constitución Nacional ya casi no despierta resistencias. Que viole el artículo 109 de la misma Ley Suprema, en cuanto se otorgan facultades judiciales a un organismo del Poder Ejecutivo, tampoco es cuestionado. Que el hecho de que el legislador sea a la vez inspector, juez y acreedor vulnere ostensiblemente el derecho a ser juzgado por un juez imparcial[5] ha sido aceptado por casi todos.
El riesgo de ser víctima de una persecución arbitraria anestesia las voluntades y quita a la mayoría del empresariado todo ánimo de confrontar con el gobierno. A la vez, mientras más dispuesto se muestre el gobierno a exhibir en forma inverecunda su arbitrariedad, menos resistencias explícitas despierta: los que pueden, ponen a buen resguardo –es decir, fuera del país- sus activos líquidos; los que no pueden, tratan de congraciarse con el príncipe (sin perjuicio de que también hacen lo primero, por las dudas). Ese contexto de discrecionalidad, ilegalidad formal e ilegitimidad sustancial, acompañado de normas y de conductas inmorales del poder público, no está mensurado en las mediciones convencionales de la presión tributaria, pero es más importante a la hora de tomar decisiones que cocientes –cuya relevancia y rigor técnico ya he criticado en otros artículos- de recaudación/producto bruto.
La inmoralidad fiscal
Sería bueno que cl "moralismo" de nuestra clase política no se restrinja a personas o a actitudes, y revisara la inmoralidad intrínseca de un sistema tributario que será tanto más perverso cuanto más incorruptibles sean los funcionarios que lo apliquen. En medio de todo, Eichmann era, desde el punto de vista de las leyes nazis y de las órdenes hitlerianas, un funcionario honesto. Tan honesto que no tuvo ni siquiera la "corrupción" de ablandarse cuando el triunfo de los aliados era inminente, según lo destaca Hannah Arendt.
Las normas y las prácticas vinculadas con la imposición están infectadas de una profunda inmoralidad. Es inmoral que el fisco niegue valor a pagos realizados, por la forma en que se efectuaron; es inmoral que sea legislador, inspector y juez; es inmoral que se exija como requisito para demandar la repetición de tributos inconstitucionales, la casi imposible prueba de que no fueron trasladados a los precios, y que se piense que la traslación parcial a los precios significa inmutabilidad de la ganancia; es inmoral que se graven ganancias inexistentes, al negarse el ajuste de los estados contables por inflación.
Ese infierno de irracionalidad e injusticia, para atraer alguna inversión, debe ofrecer como contrapartida salarios reales muy bajos u oportunidades de ocasión brindadas por la amistad con algún funcionario de turno o por coyunturas transitoriamente favorables, pero no brinda un marco estable, seguro y previsible para planificar en el largo plazo. En síntesis, es un sistema intrínsecamente perverso, que nos condena al estancamiento económico y a la pobreza de la mayoría, en medio de consignas "progresistas" de la izquierda y autocensura del centro y la derecha.
[1].
[2] Dispone que “la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cincos años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
[3] Miguel Ángel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional, tomo IV, Ed. Depalma, 1997, págs. 720 y 721.
[4] El artículo 7 establece: "El Administrador Federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración…En especial, podrá dictar normas obligatorias en relación a los siguientes puntos: 1) Inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y responsables. 2) Inscripción de agentes de información y obligaciones a su cargo. 3) Determinación de promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, así como para determinar el valor de las transacciones de importación y exportación para la aplicación de impuestos interiores, cuando fuere necesario. 4) Forma y plazo de presentación de declaraciones juradas y de formularios de liquidación administrativa de gravámenes. 5) Modos, plazos y formas extrínsecas de su percepción, así como la de los pagos a cuenta, anticipos, accesorios y multas. 6) Creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información. 7) Libros, anotaciones y documentos que deberán llevar, efectuar y conservar los responsables y terceros, despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores, exportadores y demás administrados, fijando igualmente los plazos durante los cuales éstos deberán guardar en su poder dicha documentación y en su caso, Ios respectivos comprobantes. 8) Deberes de los sujetos mencionados en el punto anterior ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación, requerir información con el grado de detalle que estime conveniente -de la inversión, disposición o consumo de bienes efectuado en el año fiscal, cualquiera sea el origen de los fondos utilizados (capital, ganancias gravadas, exentas o no alcanzadas por el tributo). 9) Suspensión o modificación, fundada y con carácter general, de aquellos requisitos legales o reglamentarios de naturaleza meramente formal, siempre que no afectare el control aduanero, la aplicación de prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal. 10) Dictado de normas estableciendo requisitos con el objeto de determinar la licita tenencia de mercadería de origen extranjero que se encontrare en plaza, a cuyo efecto podrán exigirse declaraciones juradas de existencia, estampillado, marcación de mercadería, contabilización en libros especiales o todo otro medio o sistema idóneo para tal fin. 11) Cualquier otra medida que sea conveniente de acuerdo con lo preceptuado en el primer párrafo del presente artículo, para facilitar la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes y control del comercio exterior a cargo del organismo.
[5] No le doy demasiada importancia a que el art. 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica reconozca ese derecho, pues se trata de una garantía implícita en el derecho de defensa, y que existe con independencia de dicha convención.

ÉXITOS DEL MODELO PRODUCTIVO

El gobierno actual -que es una continuación, por interpósita persona, del que le precedió- gusta de proclamar a los cuatro vientos su sesgo "productivo", a diferencia de la infame década del 90, que se habría caracterizado por privilegiar a los servicios. El duhaldismo no difiere sustancialmente en el discurso (Cristina diría "el relato"): la década del 90 –que habría continuado hasta 2001- sería un período signado por la desindustrialización, en vivo contraste con el actual que pretende un "esquema de acumulación de matriz diversificada": la logomaquia como sustituto de la realidad, el palabrerío para la perrada semi-culta o "culturosa", cuya proliferación es una de las desgracias de Argentina.

Pero disculpen que me vaya por las ramas. Lo que se dice y aceptan oficialismo y opositores, no por repetido deja de ser falso. Durante la década del 90 la producción industrial creció significativamente (para citar a un autor insospechado de "neoliberal", ver IGLESIAS, Fernando, ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización, Editorial Sudamericana, págs. 181 y ss). Hasta el año 2005 no se habían recuperado los niveles de producción del año 1998 –pero con una distribución del ingreso mucho más desigual- y si la “sobrevaluación” provocada por la convertibilidad era por hipótesis letal para la producción nacional, deberíamos suponer que, abandonada ésta y cuando la cotización del dólar alcanzó su nivel record, el efecto sería un vigoroso repunte de la producción industrial.

Veamos qué ocurrió cuando el modelo desindustrializador fue sustituido por el “modelo productivo”, cuando se declaró el default de la deuda pública, y cuando el dólar alcanzó sus niveles reales más altos, es decir en el año 2002: la producción de automotores descendió -34,8%[1]; editoriales e imprentas, -31,5 %; cemento, -30%; otros materiales para la construcción, -29,9%; carnes blancas, -25,2%; fibras sintéticas, -23,8%; productos farmacéuticos, -22%; metalmecánica, -19,2%; lácteos, -18,6%; detergentes, -17,7%; hilados de algodón, -12,8%; bebidas, -12,3%; manufactura de plásticos, -10,1%[2].

Las ventas de computadoras –fundamentales para un país que piense en el futuro- se redujeron brutalmente: respecto del año 2001 las salidas de desktops cayeron un 79,95%; las de notebooks, un 80,05%; el total descendió un 79,96%. Las ventas de impresoras experimentaron una variación negativa aún más importante: se redujeron un 88,8%[3]. En 2002 se vendieron 110.000 computadoras en la Argentina, cuando en el año 2000 se vendían 1.000.000; según los estudios de Microsoft, el 19 % de los argentinos tenía, a mediados del año 2003, capacidad adquisitiva para comprar informática; esa cifra era del 35 % a fines de la década del noventa[4].
Por lo demás, la mayor parte de los cuestionamientos a la década del 90, al margen de dar por sentado que existió una desindustrialización por la competencia de importaciones subsidiadas –lo que no es cierto, a poco que se analicen las estadísticas que proporciona el INDEC- son criticables porque subestiman la importancia de los servicios, pese a que la tendencia mundial es al crecimiento del sector terciario como porcentaje del producto bruto, especialmente a medida que los países incrementan su ingreso per cápita. A título de ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica (año 1996), el gasto en servicios representó el 58% del valor del consumo (2,974 billones de dólares)[5]. Ese aumento porcentual se dio especialmente en Argentina desde el año 1991 hasta el 2001, y fue notorio: a título de ejemplos, las telecomunicaciones, la provisión de energía eléctrica y gas, los servicios de asistencia médica, las comunicaciones aéreas (evidenciado por el incremento de líneas aéreas en competencia, el número de viajeros y de kilómetros recorridos).

La concepción económica primitiva de los “industrialistas” ignora que, salvo los países con muy bajo ingreso per cápita, el creciente peso relativo de los servicios es una tendencia mundial. Otra cosa es que en Argentina muchas veces se lo abulte artificialmente, por incluirse en ellos “servicios” improductivos del sector público, y como el ingreso nacional se mide –entre otras formas- a costo de factores, los sueldos pagados por no hacer nada figuran como parte de aquél. Pero dejando de lado las distorsiones estadísticas, lo cierto es que el aumento de la participación de los servicios en el total no debe verse como una muestra de “desindustrialización”. En Japón, la industria pasó de significar el 35% del Producto Interno Bruto en 1960, a 25% en 1994; en la Unión Europea, del 32% en 1960, a 26% en 1994; en Estados Unidos, de 27% a 18%; y en general, en los países industrializados, de 30% a 20%. Paralelamente, el valor agregado de los servicios en el mismo lapso, que en Estados Unidos representaba el 57% en 1960, alcanzó el 72% en 1994; en los países industrializados, ascendió del 53% al 67%; en la Unión Europea, del 47% al 67%; en Japón, del 52% al 58%[6]. Inclusive en Argentina el fenómeno es similar: los bienes alcanzaban el 56,2% del PIB en 1960, y en 2000 el 32,5%; el valor agregado generado por los servicios era el 43,8% en 1960, y el 67,5% en 2000. Las industrias manufactureras sólo tenían una participación del 16,7% en 2000, contra 32,2% en 1960. Pero esa caída en la participación es relativa; no implica un decrecimiento en valores absolutos ni una desindustrialización, sino que el crecimiento es menor que el generado por los servicios[7].

Esto es así por dos razones: por un lado, porque la creciente automatización y robotización de la industria libera mano de obra, que es ocupada –al menos ocupable- en el sector terciario[8], como en su momento en el mundo ocurrió -y continúa ocurriendo- entre la producción agropecuaria y la industria; por otra parte, porque conforme aumenta el nivel de la renta promedio, los consumidores destinan una proporción decreciente de sus ingresos a los bienes –cuyo precio relativo ha disminuido- y un porcentaje creciente a los servicios[9].

Una muestra del actual atraso –que podría extenderse a las prestaciones médicas de alta complejidad, a los servicios de software, y tantas otras cosas más- es la reducción de las horas de vuelo de cabotaje, porque la gente es más pobre, y porque los servicios aeronáuticos son cada vez más deficientes. Curioseando en el sitio web del INDEC –por supuesto, no en las partes más fácilmente accesibles, que se remiten exclusivamente al período 2003-2007- puede constatarse la evolución de la cantidad de pasajeros que hicieron vuelos de cabotaje desde 1993: 3.706.000 en aquel año, 4.538.000 en 1994; 4.991.928 en 1995; 5.904.278 en 1996; 6.581.524 en 1997; 6.995.940 en 1998; 7.014.131 en 1999; 6.790.420 en 2000; 4.994.404 en 2001; 4.432.105 en 2002; 4.433.625 en 2003; 5.060.951 en 2004; 5.792.156 en 2005; 5.264.416 en 2006; 5.736.408 en 2007, y 5.818.283 en 2008. Después de largos años de “modelo productivo”, la cantidad de pasajeros aerotransportados en el interior del país es inferior a 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Ante la objeción de que aumentó la cantidad de pasajeros transportados por ómnibus, respondo que es cierto: se trata de un sector con mayor competencia que el transporte aéreo, y con subsidios al combustible. De todos modos, cuando colapse el servicio de colectivos, se incrementará el número de los que viajen en tren; cuando los trenes estatales ya no lleven pasajeros, las carretas y diligencias experimentarán una frenética expansión, para continuar las realizaciones del “modelo”.

[1] Ya a fines de 2006, nos enteramos que, según el Presidente de Ford Argentina, Enrique Alemany, "el sector automotor venderá este año unas 450.000 unidades, lo que superaría en un 15 % las ventas del año pasado y se acercaría al record histórico de 1998" (La Nación, Sección 2 "Economía y Negocios, Buenos Aires, Jueves 14 de diciembre de 2006, pág. 1).

[2] Fuente: Ambito Financiero del 18 de diciembre de 2002, p. 2.

[3] Fuente: Ambito Financiero, Sección Ambito Net, 28 de febrero de 2003, página III.

[4] Fuente diario La Nación, Sección 2 –Economía- página 8, Jueves 26 de junio de 2003.

[5] Samuelson-Nordhauss, "Economía", decimosexta edición, 1999, Mc Graw Hill/Interamericana de España, capítulo 22, pág. 415

[6] Ricardo Arriazu, “Lecciones de la crisis argentina”, Ed. El Ateneo, 2003, págs. 49-51 y sus gráficos.

[7] Ricardo Arriazu, obra citada, págs. 51-53.

[8] El costo promedio del transporte aéreo por millas per cápita descendió desde 0,68 dólares, a 0,11; el costo de una llamada de tres minutos Londres-Nueva York bajó de U$$ 244,65 a U$S 3,32; el precio de las computadoras se redujo 125 veces desde 1970 (todos los valores están expresados en dólares estadounidenses de 1990, según Ricardo Arriazu, obra citada, pág. 54, Tabla N° 4).

[9] Conforme Samuelson-Nordhauss (obra citada, pág. 414), “los continuos cambios de la tecnología, de la renta y de las fuerzas sociales han alterado espectacularmente los patrones de consumo de Estados Unidos con el paso del tiempo. En 1918 los hogares gastaron, en promedio, el 41 por ciento en alimentos y bebidas. En cambio, actualmente sólo gastan alrededor de un 19 por ciento en estos artículos. ¿A qué se debe esta sorprendente disminución? Principalmente a que el gasto en alimentos tiende a aumentar más despacio que la renta. Asimismo, el gasto en ropa ha descendido del 18 por ciento de la renta de los hogares a comienzos del siglo a sólo el 6 por ciento en la actualidad...Actualmente, hay 1,3 automóviles por cada hogar, por lo que no es sorprendente que el 23 por ciento del gasto se destine a transporte relacionado con vehículos...”. En el cuadro 22.1 (pág. 415), se observa que los servicios representan el 58% de los gastos de consumo.

LA OPRESIÓN DEL FISCO

En Argentina los medios de prensa y la generalidad de los partidos políticos son hostiles o al menos indiferentes hacia los contribuyentes. Permanentemente, se lee que el problema parecería ser la "evasión", y no la exacción fiscal.

Lamentablemente, durante décadas han coincidido economistas y fiscalistas rotulados como de "derecha" y de "izquierda" en la opresión tributaria: los primeros, en nombre del equilibrio o del superávit fiscal; los segundos, lamentando la "regresividad" de la carga tributaria, y proponiendo la redistribución del ingreso.

Ninguno enfoca el problema de fondo, que es el asalto del Estado a los particulares, no el equilibrio o el superávit de presupuesto. Aunque transitoriamente se obtengan superávits, la historia demuestra que son de corta duración; la abundancia de fondos acrecienta las demandas políticas de incremento del gasto público, con lo que el efecto sobre las cuentas fiscales del aumento de la presión tributaria es, en el mediano y largo plazo, nulo.

El Estado puede confiscar a los acreedores a través de la legislación de emergencia, utilizada para consumar "defaults" internos y externos –y engañarse pensando que ha resuelto los problemas- pero, además de su irritante iniquidad, las normas de emergencia no solucionan el problema de fondo, de la misma manera que un vago borrachín no solucionará sus problemas dejando de pagarle al bar, ni a los bancos que financian sus dispendios. El crecimiento de la deuda pública es una consecuencia de los déficits fiscales, y éstos, del permanente crecimiento nominal del gasto público. En Argentina, con una modalidad adicional: las frecuentes devaluaciones de nuestro signo monetario tienden a "licuar" el gasto público y el valor de la deuda pública en pesos, transfiriendo el Estado a los particulares el costo de su ineficiencia o su corrupción; de esa manera brutal, se efectúan los "ajustes" que los gobernantes no quieren hacer explícitamente.

De todas maneras, enfocar la cuestión fiscal exclusivamente desde la perspectiva del equilibrio o superávit del presupuesto significa despreciar los derechos del contribuyente. Aunque pudiera obtenerse y mantenerse en el tiempo el superávit fiscal a través de un aumento permanente en términos reales de la recaudación -lo que supondría no tener inflación, o que la tasa de crecimiento de las sumas recaudadas supere a la aquélla- eso significaría que el Estado extrae más a los habitantes de la Nación, de lo que les aporta. Como decía Alberdi[1]: “El peor enemigo del país ha sido la riqueza del fisco...¿O la Nación es hecha para el fisco, y no el fisco para la Nación?

Otras veces el superávit del presupuesto es enfocado exclusivamente como herramienta de política inflacionaria. Pero si a través del superávit fiscal y una austera política monetaria se obtuviera la estabilidad de precios sin reducir el gasto público, lo único que se estaría haciendo es reemplazar un impues­to (el impuesto inflacionario sobre los saldos monetari­os) por otros tributos, sin mejorar el bienestar de la población[2].

Es habitual que, frente a las quejas por el nivel del gasto público y de la tributación, se realicen comparaciones con los países desarrollados en cuanto a los niveles de défi­cit fiscal, gasto públi­co y presión tributaria como porcentaje del PBI. Esas comparaciones carecen de sentido, por varias razones, de índole jurídica, lógica y económica:

a) La excesiva pre­sión fiscal y el gasto públ­ico im­pro­duc­tivo son en cual­quier parte una plaga, y por estos lares, una violación en su espíritu a nuestra carta constitucional y un obstáculo al crecimiento. Que países ya desa­rrollados la sopor­ten, no significa que Argentina -con una economía empequeñecida, y un Norte sub­desarro­llado- pueda hacerlo sin com­prometer sus posi­bilidades de cre­cimiento futuro.

Muchos de los “expertos” en materia tributaria –algunos técnicos competentes en lo suyo que pasaron largos años de su vida gozando las mieles del funcionariado público- jamás han desarrollado una actividad en el sector privado, ni han atendido ni menos aún defendido a un contribuyente; nunca han podido palpar, en su propio pellejo, los abusos del fisco (antes bien, los alientan o los desconocen), que además de su carácter sistemático, en algunos casos llegan a niveles absurdos.

b) La comparación del nivel de tributación con el producto bruto presenta, por lo demás, múltiples vicios analíticos:

1- La primera falacia lógica, es la inadecuación del vínculo entre ambas variables. Los alicientes positivos o el desánimo están dados por las normas legales, no por los hipotéticos beneficios de su violación.

En materia de impuestos aduaneros los economistas y la gente en general suelen ser más razonables para advertir las relaciones entre las normas y sus efectos. Un arancel tan elevado que imposibilite la importación, tendrá una recaudación igual a cero, pero a nadie se le ocurriría medir la “presión arancelaria” como el cociente entre lo recaudado y el valor de la mercadería sometida al arancel prohibitivo. Lo mismo sucedería con un impuesto a las ganancias en que la alícuota fuera del 100%: su recaudación sería nula, por lo que, medida la presión tributaria como un cociente entre la recaudación y el producto bruto, sería, conforme con esta absurda metodología, bajísima. En ese frecuente error incurren los tecnócratas que analizan la economía argentina.

2- El segundo vicio lógico de medir la presión tributaria como un cociente entre impuestos recaudados y producto bruto, es incluir en el denominador lo que ya en parte está en el numerador, cuando se mide el producto bruto a precios de mercado, pues éstos ya llevan consigo los impuestos indirectos.

3- Respecto de los impuestos directos, lo razonable es compararlos con la renta disponible[3] de los hogares más los beneficios no distribuidos de las empresas, no con el producto bruto.

4- Desde el punto de vista de los incentivos, es más importante la presión tributaria nominal que la efectiva, por diversas razones:

* Cuando resulta mayor la presión tributaria nominal que la efectiva, es porque existen ingresos y ganancias “en negro”, que difícilmente se inviertan “en blanco”. Una parte sustancial de esas ganancias “negras” son depositadas en el exterior o en cajas de seguridad (lo que, desde el punto de vista económico, es igual), pero no son destinadas al sistema financiero institucional, ni a la adquisición de bienes de capital. La eficiencia de la economía se ve resentida, cuando una parte importante de las ganancias empresarias y de los ingresos de la comunidad, para eludir o evadir la acción del fisco, está fuera del circuito económico formal de ahorro e inversión.

Las elevadas alícuotas fomentan la evasión y desalientan la actividad económica. Con una alícuota del 35% para el impuesto a las ganancias de las sociedades –que en los hechos es mayor, al no permitirse el ajuste por inflación- y muy alta para las ganancias de las personas físicas, el aliciente para la inversión es muy bajo, y para la evasión, muy alto. Esos incentivos perversos otorgan ventajas competitivas no a los empresarios más eficientes, sino a quienes son más hábiles o más osados para evadir o eludir tributos. Si a eso se suman impuestos locales a los ingresos brutos, e impuestos municipales con idéntica base imponible, disfrazados sucesivamente de "tasas", "contribuciones" y "patentes", el costo para el contribuyente -que no está dado sólo por los importes nominales abonados, sino por los costos administrativos de adecuación a las normas- desalienta la actividad económica, y precipita a los pequeños y medianos contribuyentes al incumplimiento masivo de sus obligaciones fiscales.

Siendo Argentina un país de ingresos mediano-bajos, las alícuotas del impuesto a las ganancias son bastante superiores a las de Estados Unidos. Allí, el tipo impositivo medio en el impuesto federal sobre la renta de las personas en el caso de una familia de cuatro miembros ascendía, en el año 2002 al 6% para una renta bruta de U$S 50.000; el 12% para una renta bruta de U$S 100.000; el 17% para una renta bruta de U$S 200.000 y el 31% recién a partir de U$S 10.000.000[4].

Para sorpresa de los admiradores de los modelos escandinavos, en Argentina los impuestos directos corporativos –es decir, los que recaen sobre las sociedades de capital- son más elevados que en Suecia. Según datos que obtuve del sitio web ISA www.isa.se/upload/english (Invest in Sweden Agency), las tasas de impuestos corporativos suecos son más bajas que las de Estados Unidos y la OECD, de acuerdo a un estudio efectuado en 2002 por la compañía auditoria KPMG. La tasa de impuesto directo a las empresas asciende en Suecia al 28% sobre las ganancias, frente a un 16% de Irlanda. Noruega y Polonia tienen la misma tasa de imposición corporativa que Suecia, 28%. En Finlandia, la tasa para el año 2008 es 26% igual a la de 2007[5], en Dinamarca, el 24%.

El impuesto a las ganancias sobre las sociedades de capital es mayor en nuestro país que en la generalidad de los países del orbe: en Argentina, del 35% sobre ganancias que al no ajustarse por inflación, muchas veces son menores o inexistentes, y gravadas con el impuesto a la ganancia mínima presunta; en Australia, 30%; Austria, 25%; Bélgica, 33,99%; Bulgaria 10%; Canadá 19,5%; China 25%; República Checa 21%, Estonia 22%; Francia 33,33%; Alemania 30-33%; Hong Kong 17,5%; Hungría 16%; Irlanda 12,5%; Israel 27%; Italia 31,4%; Japón 30%; Lituania 15%; Luxemburgo 22%; Holanda 20-25,5%; Nueva Zelanda 33%, Polonia 19%, Portugal 25%, Rumania 16%, Rusia 24%, Singapur 18%, Eslovaquia 19%; Eslovenia 22%, Taiwán 25%, Turquía 20%, Reino Unido 30%; U.S.A. 15-35% (fuente worldwide-tax.com).

El efecto de las tasas impositivas en Argentina sobre los incentivos de los individuos para ahorrar e invertir, y tributar sobre lo legítimamente ganado, es mortífero.

* Quienes niegan que la presión tributaria sea elevada en Argentina, sin asignar relevancia a las tasas nominales, y efectuando comparaciones entre la recaudación de impuestos y el producto bruto –y a la vez comparando con índices de países desarrollados- además de ignorar la obviedad de que no somos desarrollados, menosprecian sin advertirlo el valor de la legalidad. Implícitamente están diciendo a los contribuyentes: “no se quejen por los elevados impuestos, porque Uds. evaden”, lo que obliga a preguntarse, ¿están sugiriendo que lo hagamos? Ante la presumible protesta de nuestros fiscalistas, que insistirán en que debe recaer “todo el peso de la ley” (y de los decretos, y de las resoluciones generales, y de los honorarios de los asesores) sobre los “evasores” –es decir, quienes no tributan todo lo que los inspectores y jueces administrativos opinan que deben tributar- formularemos una nueva e ingenua pregunta: “Suponiendo que se lograran todos los objetivos en materia de “administración tributaria”, ¿la presión fiscal sería, conforme a sus criterios, elevada?”. La respuesta de los que viven de los impuestos ajenos siempre será negativa.

La carga fiscal sobre los contribuyentes debe evaluarse, no en función de los que evaden, sino de los que cumplen. No es una buena política –además de no ser justo- dispensar en los hechos un tratamiento más desfavorable a los que más pagan.

* Las retenciones a las exportaciones, reimplantadas en el año 2002 después de la macrodevaluación que nos sumió en una profunda recesión , no impidieron inicialmente a los exportadores y agricultores obtener ganancias elevadas por la elevación del precio de los commodities, pero a la larga el tipo de cambio real tiende a volver a niveles normales; en cambio las retenciones difícilmente sean eliminadas, pues significan una proporción importante de los ingresos tributarios. La historia de los impuestos, es que salvo excepciones, cuando se implantan llegan para quedarse.

Gravar las exportaciones es contradictorio con la justificada crítica contra los subsidios de los Estados Unidos y la Unión Europea a su producción agrícola, pues es el exacto equivalente –pero de signo negativo- de un subsidio.

Otra cuestión que ya no genera ni siquiera preocupación es la legalidad constitucional. Las retenciones se imponen, se elevan o reducen por simples resoluciones del ministerio de economía. Dónde quedó el principio de legalidad (artículos 4, 17, 52, 75, inciso 1, 99, inciso 3 de la Constitución Nacional) no desvela a los economistas, muy poco a los juristas, y nada a las asociaciones afectadas. Las entidades rurales critican el elevado nivel de las retenciones, protestan por la erosión de su rentabilidad, o procuran un tratamiento más favorable (así, sociedades rurales del interior procuraron que las retenciones sean más bajas, porque sus costos de flete son superiores), o solicitan entrevistas con los funcionarios, convalidando así su poder decisorio y ratificando que en Argentina, el que manda es el Poder Ejecutivo. Para desconsuelo de algunos ingenuos que creemos que las garantías constitucionales sí tienen importancia, no hay cuestionamientos generales por su invalidez.

c) Debemos agregar a las mediciones con­venciona­les el impacto de las car­gas sociales (aportes y contribuciones previsio­nales y de obras sociales) pues éstas son, eco­nómi­camen­te, distorsionantes gabelas al trabajo[6], y en nues­tro país, de elevada cuan­tía

El panorama que se presenta a los contri­buyentes es una permanente violación del principio de legali­dad; una creciente presión tributaria; gran variabili­dad de las normas, y consecuente incertidumbre de los contribu­yentes acerca de sus derechos; reducción de las ga­rantías proce­sales, y múltiple impo­sición nacio­nal, provincial y municipal tomando similares hechos y bases imponibles.

Y padecemos todo ese infierno ¿para obtener qué? ¿se sacrifican garantías individuales para redistribuir el ingreso? Al margen de las críticas que formulé en otro post hacia esa engañosa idea, no se ha logrado nada, ni siquiera desde la perspectiva de quienes lo propugnan. Hemos pagado todos los costos de un estado redistribuidor, sin obtener ninguno de sus hipotéticos beneficios

.[1] "Sistema Eco­nómico y Rentís­tico de la Confederación Argentina según su Cons­titución de 1853".
[2] Valeriano García y Alvaro Saieh, "Dinero, precios y política monetaria", Ed. Macchi, 1985, capítulo X, pág. 332.
[3] La renta disponible (RD) es igual al consumo, más la inversión, más los gastos del estado, más las transferencias, menos la depreciación, menos los impuestos indirectos, menos los impuestos directos, menos el ahorro empresarial neto (Samuelson-Nordhauss, obra citada, págs. 405-406.
[4] Samuelson-Nordhauss (Economía, 18ª edición, Mc Graw-Hill Interamericana, 2008, página 321).
[5] Fuente: http://www.worldwide-tax.com/
[6] Ana Yabar Sterling, “La política presupuestaria del sector público y el desarrollo a largo plazo", en El Sector Publico en las economías de mercado (ensayos sobre el intervencionismo)", Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1979, pág. 531.

LAS VENAS ABIERTAS DE CANADÁ

Para gran parte de los latinoamericanos y especialmente los argentinos, las inversiones estadounidenses o la dependencia del comercio con Estados Unidos son un pasaje de ida sin vuelta hacia la colonización económica y la pauperización social. Es un clásico entre los sectores "progres" la obra de Galeano titulada "Las venas abiertas de América Latina". Soy absolutamente insensible a los pretendidos méritos literarios de Galeano, inclusive cuando quiere ser escritor y no ideólogo marxista, pero sí puedo criticar sus muchas idioteces cuando incursiona en materias en las que toca de oído; máxime, cuando son seguidas por muchos de los sectores de la clase media "culta"; esa parte de la clase media argentina compuesta por estudiantes y graduados universitarios que han respirado un ambiente estudiantil y profesional filo-socialista, normalmente de carreras llamadas "humanistas", en las cuales rige la idea ramplona –pero pretenciosa, como suele ser la ignorancia- de que el humanismo equivale a rehuír todo estudio preciso, sistemático y serio de las ciencias económicas y sociales; que no existe un conocimiento objetivo basado en el estudio lógico y empírico de las materias a tratar, sino en la ideología; en otras palabras, la concepción explícita o implícita de la mayoría es que la ideología condiciona las opiniones, y a la vez que esa ideología se basa en los intereses de clase, económicos o en prejuicios. Sólo la izquierda estaría, al parecer, exenta de aquéllos.

Formulada esta introducción, veamos cómo queda la teoría de Galeano –una vulgarización de la ya vulgar de Hernández Arregui, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Teodonio Dos Santos, y muchos otros que constituían virtualmente el "pensamiento único" del mundillo estudiantil universitario de las décadas de 1960 y 1970- a la luz de la experiencia canadiense. Si la dependencia comercial con Estados Unidos, y el carácter de receptor masivo de inversiones provenientes de ese país llevaran a la pobreza a la población del país sometido a esa espantosa sangría, Canadá debería estar sumida en la miseria. Por sus venas abiertas deberían fluir dólares hacia su poderoso vecino, y el pueblo hambreado se desesperaría por emigrar hacia Cuba. Según un artículo publicado en un sitio web insospechado de pro-capitalista (www.flacso.uh.cu), titulado "Canadá y la Revolución Cubana, los orígenes del “Constructive Engagement” 1959-1963" (Msc. Raúl Rodríguez), "el 70% de las importaciones canadienses provenían del vecino del sur y el 60% de las exportaciones canadienses iban a su vecino del sur, en 1960. Las inversiones estadounidenses representan las tres cuartas partes de toda la inversión extranjera en Canadá".

En 1976 decía Luis García Martínez ("Teoría de la dependencia, Emecé Editores, 1976, pág. 126): "en lo que hace al Canadá, la situación presenta rasgos especiales dada la proximidad geográfica con los Estados Unidos y el grado de integración que presentan las respectivas economías. A tal punto que hacia fines de la década del sesenta alrededor de las tres cuartas partes de las importaciones canadienses provenían de los Estados Unidos. En tanto, las dos terceras partes de las exportaciones se dirigían a este mismo país. En buena medida, la incorporación del capital norteamericano en la economía canadiense financió la instalaión de plantas fabriles complementarias de la industria de los Estados Unidos…En gran parte, Canadá funciona como un apéndice de los Estados Unidos".

Más recientemente, un artículo publicado en un sitio web del Government of Canada, titulado "CANADA AND THE UNITED STATES: TRADE, INVESTMENT, INTEGRATION AND THE FUTURE" (ver aquí) se expresa así: "In Canada’s case, when one talks about international trade, what is really being discussed is trade with the United States. Fully 86% of Canadian exports – worth 33% of GDP – are shipped to the United States…The FTA and the NAFTA have seen an increase in foreign direct investment (FDI) among NAFTA partners. The U.S. continues to be the largest foreign investor in Canada…Canada is also the second-largest recipient of total U.S. FDI (11%), behind only the UK".

Teniendo en cuenta el volumen de las inversiones norteamericanas en Canadá, la trágica circunstancia de estar ese país atado por tratados de libre comercio con Estados Unidos, la orientación de las exportaciones canadienses hacia el monstruo imperialista (86%), y haber sido durante décadas un apéndice de la economía norteamericana, Galeano debería dedicar sus desvelos a los infortunados canadienses.

En alguna polémica verbal, me dijo un ocasional contendor que Canadá era un "caso especial", sin explicar por qué esa pretendida especialidad debería convertir en una bendición lo que por hipótesis sería una maldición. Dado que el propósito de este post es limitarme a Canadá –por ser quizás el país más dependiente de Estados Unidos- no abundaré sobre los múltiples ejemplos históricos que demuestran que las relaciones privilegiadas con países desarrollados –no con los socialismos que provienen del siglo 19, y pretenden proyectarse al siglo 21- el comercio libre con ellos, y un ambiente favorable a las inversiones extranjeras son condiciones necesarias aunque no suficientes para la prosperidad en el mediano plazo; y que por el contrario, el énfasis en "vivir con lo nuestro" conduce a la pobreza y el estancamiento económico y cultural.

LOS FRACASOS DEL SOCIALISMO

1. Introducción

Es llamativo, y una muestra de la estupidez, ignorancia o mala fe de la mayoría de los medios de prensa, que la actual crisis haga pensar a muchos que la alternativa es el socialismo. En algunos -los más jóvenes- porque no vivieron el estrepitoso derrumbe del comunismo soviético y de sus países satélites; en otros, porque su ideología es inmune a los azotes de la realidad; y en una mayoría, porque repiten como loros lo que ven por la televisión, y muy pocos leen lo que no pueden conseguir por internet, en particular libros de alguna antigüedad.

A pocos llama la atención la mal disimulada conversión china al capitalismo –manteniendo las características totalitarias de su sistema político- la suscripción por Vietnam de tratados de libre comercio con Estados Unidos; y la elocuencia de las comparaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre Taiwán y Hong Kong y la propia China comunista; entre Alemania Occidental y lo que fue Alemania Oriental. Hace 20 años, tras la caída del Muro de Berlín, casi nadie discutía que el socialismo estaba acabado, al punto que Robert Heilbroner, quien siempre simpatizó con el socialismo, dijo: "Menos de 75 años después de haber comenzado, la contienda entre capitalismo y socialismo ha concluido: el capitalismo ganó. La Unión Soviética, China y Europa del Este nos han dado la más clara prueba de que el capitalismo organiza los asuntos materiales de la humanidad más satisfactoriamente que el socialismo[1].

2. La ineficiencia de la planificacion central.

Como destacaban Mises y Hayek, los socialistas más competentes, serios y estudiosos ya habían descartado en las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado que fuera eficiente una economía de planificación central. En particular Oskar Lange, dedicaba sus afanes argumentativos a demostrar que es posible compatibilizar el socialismo con el mercado, lo que resulta enteramente imposible, pues no se concibe el funcionamiento del mercado sin auténticos empresarios, que son algo muy diferente de los gerentes de empresas estatales, carentes de todo incentivo para actuar minimizando costos, y buscando nuevas tecnologías, métodos de producción y mercados, o lisa y llanamente abandonando la producción de los bienes que ya no sean demandados, e inclusive cerrando la empresa.

Los esquemas socialistas, aun los que procuran una imposible coexistencia con el mercado, presuponen una economía estática, en la que no existan cambios en la demanda, en la tecnología y en los modos de producción, y en la que los gerentes de las empresas estatales dispongan de la información previa, suponiendo que no se modificará. Como lo puso de manifiesto Ludwig von Mises, la información sólo se crea o se descubre si el empresario tiene un incentivo, que es el beneficio; y si el empresario, por no reconocerse el derecho de propiedad, no puede lograrlo, no tiene ningún aliciente para mejorar o cambiar el statu quo económico, ni para realizar un auténtico cálculo económico.

No es posible separar el mercado de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, si se la elimina, los gerentes no podrán actuar como empresarios, pues no son empresarios, ni siquiera en una economía capitalista. La actividad empresaria no se reduce a la mera gestión de los recursos disponibles, sino que se procura aumentarlos, cambiarlos, eventualmente incursionar en otras ramas de la actividad económica o incluso cesar en algunas o todas ellas, lo que sería impensable para un gerente socialista.

Los sectores de la actividad económica van cambiando a través del tiempo: hace tres décadas, la soja tenía una importancia marginal en la agricultura, y hoy es el cultivo de mayor expansión en nuestro país. La computación personal no existía, y pocos previeron que llegaría a constituir un bien de uso corriente en los hogares. La producción a bajo costo del aluminio recién se desarrolló en el siglo XX, así como los plásticos y los derivados de hidrocarburos. La aviación comercial no tenía el desarrollo que ahora tiene, como consecuencia en gran medida de la desregulación aérea a partir de 1977 ("Samuelson-Nordhauss, "Economía", decimosexta edición, 1999, Mc Graw Hill/Interamericana de España, pág. 315).

Un gerente estatal honrado y razonablemente eficiente podría haber gestionado el statu quo económico existente en una fecha dada, pero no podría incursionar en nuevas actividades, ni desarrollar nuevas tecnologías, ni prestar distintos servicios.

Uno de los problemas centrales del socialismo es que, abolida la propiedad privada de los medios de producción, no es posible generar un mercado de ellos, y al no existir éste, no hay precios que sirvan para evaluar la eficiencia, ni un mercado de capitales para asignar los fondos a las actividades más beneficiosas. En la economía capitalista, el empresario que carece de recursos propios suficientes, puede endeudarse o buscar socios que provean de capital, tarea imposible para un órgano burocrático estatal, que previsiblemente no financiará nuevas actividades de otros burócratas, por buenas que sean sus intenciones, y por originales y creativas que resulten sus iniciativas.

Dicen Samuelson-Nordhauss (obra citada, páginas 544-545) "en una economía de mercado, las decisiones comerciales sobre los libros se toman principalmente en función de los beneficios y las pérdidas. En la Unión Soviética, como los beneficios eran un tabú, los planificadores usaban objetivos cuantitativos. El primer incentivo gerencial era recompensar a las empresas de acuerdo con el número de libros producidos, por lo que los editores imprimían miles de libros pequeños que no se leían. Ante el claro problema de incentivos, los planificadores cambiaron de criterio, estableciendo uno basado en el número de páginas, a lo que los editores respondieron publicando gordos libros utilizando papel cebolla y grandes caracteres. Los planificadores adoptaban entonces como criterio el número de palabras, a lo que los editores respondían imprimiendo enormes volúmenes con pequeños caracteres. En todos esos sistemas, no se pensaba nunca en el beneficiario último del libro, que era el lector".

El mismo problema se presentaba con otras ramas de la producción. Los vehículos soviéticos eran, ora grandes y pesados, cuando los objetivos de producción se formulaban en toneladas; o más pequeños (como el Lada, una adaptación del viejo Fiat 1600), cuando los objetivos se establecían en unidades; pero en todos los casos, de muy baja calidad y tecnológicamente obsoletos.

Las palabras de Michael Voslensky ("La nomenklatura. Los privilegiados en la URSS", Editorial CREA S.A., 1981, Buenos Aires, impreso en España por Chimenos S.A.) –quien algo conocía de la burocracia soviética por haberla integrado- son ilustrativas de la deprimente realidad que se vivía en ese sistema, y que ahora –después de su implosión- algunos miran con nostalgia y muchos otros desconocen:

"La economía burocrática planificada es fundamentalmente hostil al progreso técnico…La actitud frente al progreso técnico –en los hechos, que no en los discursos- es exactamente la inversa de la que tiene el capitalismo. Cuando se produce un descubrimiento científico, el capitalismo debe resolver el problema del espionaje industrial, y el "socialismo real" el de la "introducción". Pero existen también otros signos de esta tendencia a la reducción del desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, la mala calidad de la producción en las empresas soviéticas…La razón profunda reside en que la producción planificada tiene en cuenta sobre todo la cantidad, expresada en unidades o en valor. Esos son los términos en que el plan debe ser cumplido…La mala calidad de la producción es una de las formas de simplificación del trabajo observadas en el cumplimiento de los objetivos fijados por el plan…" (pág. 143).

"Otra forma de esta limitación –menos inmediatamente evidente, pero familiar para los consumidores soviéticos- es ésta: cuando el plan no ha sido expresado cuantitativamente, sino sobre una base financiera, la fábrica se esfuerza por producir variantes caras del mismo producto. Esto le permite fabricar menos, y al mismo tiempo satisfacer los imperativos del plan…Que la mercadería encuentre o no compradores importa muy poco" (pág. 144).

En realidad, sin un sistema de precios de mercado mundial que orientaba medianamente a los planificadores, los errores habrían sido aún más groseros. Sin embargo, los resultados del experimento colectivista fueron desastrosos. Alemania Occidental y Alemania Oriental comenzaron con niveles de productividad y estructuras industriales similares, a final de la segunda guerra mundial. En 1989, la productividad de Alemania Oriental era entre un cuarto y un tercio de la productividad de Alemania Occidental y además, el crecimiento estaba orientado a la producción de bienes intermedios no valorados por los consumidores (Samuelson-Nordhauss, obra citada, pág. 545). Similares comparaciones se pueden hacer entre Corea del Norte (comunista) y Corea del Sud (capitalista), China Comunista (pese a su notable crecimiento en las últimas décadas) y Taiwán u Hong Kong.

4. Los inspiradores de los índices "K" de Moreno

Es notoria la benignidad con que los autores occidentales trataban la economía y la sociedad soviéticas, y su predisposición a aceptar las estadísticas, siempre infladas, sobre su crecimiento. En contraposición, Voslensky decía:

"…la falsificación de las estadísticas continúa bajo Kruschev; él mismo las denuncia durante el pleno del Comité central realizado en enero de 1961; sin embargo, las falsificaciones siguen hoy a la orden del día" (pág. 146).

"Porque la Nomenklatura se sirve de las falsificaciones estadísticas para paliar la tendencia a la reducción de las fuerzas productivas. Contra esta reducción, de la que hemos visto que se trata de una consecuencia de la planificación, no existe más que un remedio: inventar cifras imaginarias" (pág. 146).

5. El socialismo real y la pobreza

Para quienes atribuyen la miseria -a la que a veces añaden el curioso adjetivo de "digna"- de Cuba al "bloqueo" -es decir, al embargo- estadounidense (que, por la triangulación a la que obliga, equivale a una restricción a las importaciones que sería altamente elogiada por nuestros proteccionistas, pues supuestamente defienden a la industria nacional), sería bueno que recordaran idénticas calamidades en los países que abrazaron el "socialismo real":

"Los clásicos del marxismo-leninismo predijeron que el socialismo provocaría un salto adelante del nivel de vida del pueblo…Al contrario de estas promesas, en los últimos 60 años se ha comprobado claramente que el nivel de vida de las poblaciones del "socialismo real" es inferior al de los países capitalistas" (pág. 162).

"En el curso de este medio siglo, la historia nos ha proporcionado laboratorios; en ellos, las comparaciones son posibles. La disparidad entre las condiciones de vida de las dos Coreas o de las dos Alemanias es tan llamativa, que ni la propaganda de la Nomenklatura, ni siquiera ella, intenta negarla. Bajo la monarquía de los Habsburgo y durante el período entre las dos guerras, se consideraba que Bohemia tenía un nivel de vida sensiblemente superior al de Austria. Cuando la propaganda sobre el "florecimiento de la Checoslovaquia socialista" debió cesar, durante la Primavera de Praga, la dirección del Partido Comunista checoslovaco se propuso, abiertamente, la tarea de acercarse al nivel de vida de Austria" (pág. 163).

"¿Qué ha sucedido en Corea del Norte, en Checoslovaquia, en la Alemania del Este, en Berlín Este? ¿Han sucedido catástrofes naturales, terremotos, epidemias? Nada de eso; en esos países, simplemente, se ha establecido el "socialismo real" (pág. 163).

6. La pérdida de libertades

Quizás se responda que la Unión Soviética fue un accidente histórico, una desviación de los ideales socialistas. Pero los mismos males económicos y no económicos se repiten en todos los países que han ensayado el socialismo. Pérdida de las libertades, pobreza, retraso tecnológico, falsificación de las estadísticas, burocratización. Especial escozor ha provocado siempre, en las dictaduras socialistas, la libertad de salir del país, que en nuestra Constitución es una garantía explícita (art. 14) y que forma parte de la mejor tradición de Occidente. Teniendo en cuenta el creciente prestigio del socialismo en nuestro país, no parece inadecuado recordar los alambres de púas, los muros, las casamatas o, con menor intensidad, las restricciones burocráticas al otorgamiento de visas de salida, que han signado siempre a los experimentos socialistas (y si no, que se lo pregunten a Hilda Molina, cuya prohibición de salir del país no desvela a nuestros actuales gobernantes y no parece tener relación con los derechos humanos).

Decía Voslensky:

"…La clase de los nomenklaturistas sabe que muchos de sus súbditos sueñan con huir: ¿cuál es su actitud al respecto? En la época de Stalin, el simple deseo de abandonar la Unión Soviética pasaba por ser el mayor de los crímenes contra la seguridad del Estado. El tristemente célebre parágrafo 58 del Código Penal de la República Socialista Federada Soviética de Rusia estipulaba que la fuga al extranjero o la negativa a volver eran asimilables a actos de alta traición" (pág. 287).

"Resulta horriblemente complicado abandonar la Unión Soviética de manera definitiva o sea para un viaje de unos pocos días. La Nomenklatura está persuadida de que cualquiera de sus súbditos, si consigue escapar aunque no sea más que por unos minutos a su dominio, está dispuesto –cualquiera sea su edad- a abandonar a sus parientes, a sus amigos, su apartamento, su empleo y sus bienes para permanecer en un país independiente de la Nomenklatura y rehacer allí su vida. El sistema de atribución de visas de salida para los países aque no forman parte del bloque oriental, por consiguiente, persigue en su conjunto el único objetivo de impedir toda fuga" (pág. 289)…evitar que los ciudadanos soviéticos huyan del dominio de la Nomenklatura" (pág. 303).

[1] The Newyorker, 23 de enero de 1989. Véase también el artículo de Heilbroner «Analysis and Vision in the History of Modern Economic Thought», Journal of Economic Literature, volumen XXVIII, septiembre 1990, pp. 1.097-1.114, y en especial las páginas 1097 y 1110-1111.