miércoles, 4 de marzo de 2009

LUGARES COMUNES Y MENTIRAS SOBRE LA EDUCACIÓN

En las economías modernas el trabajo no calificado –es decir, el que no tiene agregados estudios formales o capacitación formal o informal- es el que soporta más bajas retribuciones. A la inversa, el trabajador educado obtiene mayores niveles de ingreso, porque su productividad es superior, puede utilizar las nuevas tecnologías y mantenerse actualizado en su aprovechamiento. Consecuentemente, la educación puede disminuir la pobreza, puesto que ésta no es sólo un problema de bajos ingresos, sino de un reducido valor del "capital humano" (dicho sea esto sin ninguna connotación peyorativa). El problema de los más pobres no son sólo sus bajos ingresos, sino su escasa posibilidad de incrementarlos, porque su productividad es muy baja o nula.


Pese a lo anterior, lo mejor que puede hacer el Estado no es el lugar común de –como se suele repetir acríticamente en Argentina- dar al gobierno una fuerte injerencia en la materia. Llevamos décadas de predicar la importancia de la educación, y de asimilarla con el gasto público en esa materia, y cada década se obtienen resultados más pobres en materia educativa. Una de las explicaciones es que las políticas para el sector han privilegiado lo ideológico, o se han traducido en políticas y normas las concepciones de ciertos funcionarios respecto de la "equidad", lo que significa no castigar al alumno agresivo, violento, indisciplinado o reacio a adecuarse a pautas de comportamiento civilizadas- ni premiar al que estudia y se ajusta a aquéllas.


La educación pública argentina -sobre todo en el nivel secundario- nada ha hecho por aminorar la marginalidad, ya que no alienta la capacidad, ni el esfuerzo, ni la competencia, ni el mejoramiento, y por el contrario, en su afán de evitar la "expulsión" del sistema, fomenta las conductas destructivas y antisociales, al punto que en una generación, la clase media, que enviaba a sus párvulos a las escuelas públicas en una proporción significativa, ha huido de ellas, aterrada por la inseguridad, la politización, la pérdida de horas de clase y el permanente incentivo a la transgresión, la destrucción y el salvajismo.


En los hechos, muchos aspectos de nuestra educación –no sólo la pública, sino la privada- están estatizados: los planes de estudio son trazados por los ministerios de educación; los "contenidos mínimos obligatorios" conforman una abrumadora mayoría de las horas de clase que se dictan; la ideología de los funcionarios y burócratas de la educación –casi sin excepciones, hostil al capitalismo- prima sobre los derechos e intereses de los padres. Las instituciones privadas de enseñanza tienen muy limitada su libertad de brindar contenidos nuevos, distintos, o que contravengan la "religión oficial". Bajo el alero de una ideología colectivista, la ley 26.206 concibe a la educación, no como un derecho individual (art. 14 de la Constitución Nacional), sino como "un bien público y un derecho personal y social" (art. 2), como si el carácter de "público" tuviese un valor ético superior a lo individual; "el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento" (art. 5); "el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional… el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto" (como si una generación de ágrafos, pese a los crecientes presupuestos educativos, no fuera un indicador de que las falencias no provienen de la insuficiencia de recursos, sino en la prevalencia de la ideología y el sindicalismo); "el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública" (art. 10)[1]; "el Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país" (art. 15). Excede el propósito de estas líneas desmenuzar la ley nacional de educación. Lo que no es verba ampulosa e inútil, es ideología socializante y "políticamente correcta".



El derecho de enseñar, conjugado con la libertad de empresa (ambos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional) suponen la licitud de obtener una ganancia (¡horror de los horrores, un lucro!) con institutos educativos. Pero la intención y el sentido de la ley nacional de educación, más allá de su difusa fraseología, está claro: no es cuestión de que empresas capitalistas extranjeras se instalen en el país para competir con la educación estatal o digitada por el Estado. La preservación de la ideología estatista, y su monopolio de la educación, se tienen que asegurar de cualquier modo. La educación privada es un mal, y si proviene del extranjero, peor.




Ya es lejana en el tiempo la polémica acerca de la educación católica en las escuelas públicas. Se ha considerado, con toda razón, que no se puede imponer una determinada creencia a los que tienen otras, o carecen de ellas. Pero nunca se piensa que imponer como contenido obligatorio las ideas o ideologías de los funcionarios del Ministerio de Educación es también una forma de "enseñanza religiosa". Una religión agnóstica o atea y muchas veces antirreligiosa, pero con sus dogmas, sus excomulgados, sus satanes y sus "vade retro", que se impone a los niños y adolescentes sin importar las creencias o ideas de los padres.


La pretensión de uniformar ideológicamente a los jóvenes; el aliento a la agresividad, el conflicto y la indisciplina, lejos de fomentar la igualdad, provocan el efecto contrario: los padres que puedan financiar estudios en la también deficiente educación privada (deficiencias atribuibles a las pretensiones de uniformidad impuestas desde el gobierno) lo harán, y si pueden, huirán como de la peste de la politización de la escuela estatal (en el nivel secundario ya la toma del Colegio Nacional Carlos Pellegrini se ha convertido en un hecho reiterado y que no llama la atención). Los más pobres y la baja clase media se ven sacrificados por la ideología de los funcionarios de los ministerios de educación, y condenados a la carencia de estudios suficientes para insertarse en el mercado laboral; carencia que es el camino seguro hacia la desocupación o a los trabajos con bajos salarios. ¡Y todo ese cuadro de desastres, rindiendo homenaje meramente verbal –típico de Argentina- a principios igualitarios!




Muchos de los funcionarios públicos enquistados durante años en el presupuesto -con el gobierno que sea, desde Grosso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta con Jorge Rodríguez, jefe de gabinete de Menem, continuando en el Frente para la Victoriia - son marxistas, como Daniel Filmus. Y desde el marxismo no se concibe la educación sólo como enseñanza, sino como adoctrinamiento. Basta leer a los "padres fundadores" del marxismo, y su empeño en destruir la propiedad privada y el mercado, pero también la religión, la familia, cambiar la historia y modificar el sentido de las palabras. Hay que crear un "hombre nuevo", pero para eso es necesario que la publicidad sea monolíticamente igual, constante, uniforme y martilleante. No puede admitirse un pensamiento alternativo; toda idea distinta es "contrarrevolucionaria" y por ello, no sólo inadmisible sino peligrosa, cuando no signo de una enfermedad mental (algo de eso supieron los disidentes soviéticos).


Por eso, los pregonados éxitos de la "revolución cubana" en materia educativa, en el contexto de un pueblo sometido a una orwelliana uniformidad ideológica, no son tales. Dentro de los proyectos de ingeniería social, la eliminación del analfabetismo es una herramienta de la politización y uniformación de la sociedad. Lenin decía que "el analfabeto se encuentra excluido de la política, y por ello necesita aprender a leer y escribir"[2]. Eso es cierto, pero la "alfabetización" que va acompañada por el lavado de cerebros no hace a los destinatarios de aquélla seres más libres. Enseñar a leer y escribir, y a continuación vedar la difusión de ideas y conocimientos contrarios o distintos a la ideología oficial, es propagar la ignorancia semialfabetizada.


[1] Además de la imprecisión de los términos, lo que está claro es que no se pueden firmar tratados de libre comercio con países capitalistas, y ni siquiera socialdemócratas, si en ellos la educación no es centralizada ni estatizada (en Suecia han tenido gran éxito, para horror de los progresistas, los "vouchers" educativos, que confieren a las familias mayor libertad de elección



[2] Michael Heller, "El hombre nuevo soviético", edición en Argentina de Ed. Sudamericana-Planeta, 1985, pág. 42.

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