LA INFLACIÓN

                        Ningún país ha experimentado una tasa de crecimiento de los precios más persistente, continua y elevada, que Argentina desde la década del 40. Desde 1975 y hasta 1991, la inflación fue crónicamente superior a los tres dígitos, con años de hiperinflación.

                        Desde1970, en que se cambió nuestro signo monetario por el decreto ley 18.188, suprimiéndose dos ceros, se sucedieron el peso argentino en 1983 (se suprimieron cuatro ceros), el austral en 1985 (se suprimieron tres ceros), el peso convertible en 1991 (se sacaron cuatro ceros), y el actual peso no convertible. Un peso actual equivale a 10 billones de pesos moneda nacional.

                        Pese a que la inflación ha acompañado a nuestra decadencia y a nuestro retroceso relativo frente a otras naciones, hay voces que proclaman que un "poco" de inflación no es negativo, lo que es una muestra preocupante de la falta de cultura económica e histórica de nuestros dirigentes.

                        Desde enero de 2002, los precios mayoristas ascendieron 6,45 veces medidos por el mentiroso índice del INDEC. Aunque fuera cierto (lo que significaría una inflación promedio del 16,8% anual en doce años; mucho mayor en los tres últimos), se trata de una desvalorización grave de nuestra moneda.  El poder ejecutivo puede intervenir el INDEC y puede disfrazar las estadísticas de inflación, pero no puede eliminarla mediante "úkases".

                        Ya han pasado tantos años de kirchnerismo,  que no es posible endilgar la responsabilidad a gobiernos anteriores, aunque la propaganda gubernamental ubique la causalidad en conspiraciones externas y grupos concentrados internos.

                        Así como la despreocupación por las consecuencias del cigarrillo es más probable que conduzca a la adicción, la subestimación de la inflación, en pasadas décadas, ha llevado a inflaciones galopantes.

                        La inflación genera un círculo vicioso perverso, en que el alza de precios provoca una puja distributiva –ningún sector quiere perder su participación en "la torta" (el ingreso total)- y esa puja distributiva, al ser convalidada con cantidades crecientes de moneda, genera más inflación, lo que provoca una nueva lucha por preservar los ingresos reales.

                        Cuando no existe esa "lucha", es porque determinados sectores fueron "derrotados" y se tuvo la habilidad de culpar de su situación a épocas y personas pretéritas. La devaluación del año 2002 "derrotó" a los acreedores, a los asalariados, a los sectores de menores ingresos.  No hubo mayor inflación por la enorme caída de la demanda,  y porque la reprogramación de los depósitos privó de capacidad adquisitiva inmediata a un importante sector de la población. Néstor Kirchner llegó al gobierno con una inflación en baja.  Pero ese no es un mérito: obviamente, si se reducen los ingresos reales de la mayoría de la población, la caída de la demanda abate la inflación, si los factores alcistas de los costos –los salarios, las tarifas y el tipo de cambio- no aumentan. Pero ese colosal cambio de precios e ingresos relativos tiene los mismos efectos regresivos en la distribución del ingreso, que la inflación.       

                        Como es probable –y deseo que sea así- que algunos de los lectores de este artículo sean de corta edad, y no hayan vivido o no recuerden las inflaciones galopantes e hiperinflación que signaron la vida económica de nuestro país, es necesario insistir en algunos conceptos elementales.

                        La inflación es –entre otras cosas- un impuesto a las tenencias de dinero[1], y además, un impuesto regresivo, pues los sectores de menores ingresos son quienes mantienen una proporción más grande de aquéllos en dinero, y no tienen acceso a activos financieros que devenguen intereses compensatorios, en todo o en parte, de la inflación, o que se actualicen total o parcialmente.. Su única "defensa" contra la inflación es comprar todo lo que puedan, apenas cobren sus sueldos.

                        Como impuesto que es, la población tiende a eludirlo, reduciendo su demanda de dinero y con ello, el valor real de sus tenencias en efectivo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el circulante más los depósitos en cuenta corriente significaban 120 días del PBI argentino, y al comienzo del plan austral –en Junio de 1985- sólo tenían saldos en efectivo para menos de diez días^[2]. En 1945 los depósitos bancarios representaban un 35 % del PBI, y los billetes y monedas en circulación, un 12,5 %. El M2 ascendía a un 47,5 % del producto bruto interno, contra las despreciables proporciones actuales[3].

                        Salvo en las primeras etapas de la inflación –cuando la población no está acostumbrada a cubrirse de ella, es decir, cuando la gente todavía sufre la “ilusión monetaria” –que un peso equivale siempre a un peso; y que lo importante son los salarios nominales, no los reales- la reducción de la demanda de dinero significa que cada vez hay menos saldos en efectivo en poder del público. Esa situación  tiene efectos recesivos sobre la economía, por lo que las políticas que pretenden activar la demanda global –y con ella la producción agregada- mediante la emisión monetaria no logran ese objetivo. Cuando hay expectativas inflacionarias, la carrera entre la oferta agregada nominal de moneda y los precios, siempre es ganada por éstos, razón por la cual la cantidad real de moneda es cada vez menor.

                        Los efectos destructivos de la inflación, no sólo de la economía, sino de todo el tejido social, son innumerables. Para los de corta edad, de corta memoria, o que nos los conocen, lo recuerdo someramente:

                        * En primer lugar, es evidente que la inflación no crea recursos. Si como consecuencia de ella, algunos salen ganando, es porque otros pierden. Al disminuir el poder adquisitivo de quienes tienen ingresos que no incrementan su monto nominal en forma inmediata y paralela al alza de los precios, y suponiendo, para la economía global, un ingreso real constante, la disminución de los ingresos reales de algunos supone el incremento de los ingresos de otros. Es decir, que en principio perjudica a los asalariados, a los desocupados, a los cuentapropistas, a los profesionales, y beneficia a los que incrementan sus ingresos más que sus costos.

                        * En segundo término, perjudica a los acreedores en moneda nacional, y más aún si –como en Argentina- se les prohíbe indexar sus acreencias. Nuestro sistema legal reconoce parcialmente la libertad para incrementar los precios (por mayor demanda, por mayores costos, o por lo que fuere), pero no permite a los afectados reflejar pasivamente, a través de índices de ajuste, esos incrementos que han sufrido.

                        Los acreedores en moneda nacional son comparativamente más "débiles" que sus deudores, pues el sistema jurídico no los protege. Los acreedores de indemnizaciones, los asalariados, los jubilados, entre muchos otros, son víctimas de la desvalorización de la moneda.

                        Ese sesgo en contra de los acreedores, y en especial los acreedores en moneda nacional, redistribuye el ingreso en contra de los más pobres. Una de las tragedias de nuestro país es que gran parte de los sectores que siempre se consideraron progresistas, y abogados de los más necesitados, hayan propiciados políticas económicas que, al producir inflación, son empobrecedoras de los más pobres. Y no es que lo hagan por innata maldad, sino por supina ignorancia.

                        * Alienta el incumplimiento de las obligaciones en moneda nacional, pues la inflación, más las normas legales que vedan la indexación, favorecen al moroso. Litigar se torna económicamente "rentable" en vez de pagar, atiborrándose artificialmente los tribunales de pleitos.

                        * Los beneficios y perjuicios simultáneos ocasionados por la inflación, envenenan las relaciones sociales, fomentan el resentimiento, y acentúan las contradicciones de clases. Desatado el potro de la inflación, los niveles absolutos y relativos de ingresos dependen, en gran medida, de las presiones sectoriales para que se permita aumentar los precios –en los sectores con precios controlados- o de la "capacidad de movilización" de los gremios. Esa situación alienta la discordia en las relaciones laborales, reduce la productividad de la economía, fomenta las actitudes destructivas[4] y la violencia inclusive en las relaciones extraeconómicas. La hiperinflación alemana de 1923, que empobreció a la mayoría y enriqueció a unos pocos, alimentó a la vez a la bestia del nazismo.

[10] Juan Carlos de Pablo, obra citada, pág. 713.

[11] Un gigantón de 2 metros, no es probable que crezca después de los veinte años; el hecho de que su nivel absoluto de altura se elevado, no significa que su crecimiento –tasa de incremento- sea positivo. Un niño de doce años, crecerá más que el gigante adulto, aunque el valor absoluto de su altura sea reducido

LUGARES COMUNES Y MENTIRAS SOBRE LA EDUCACIÓN

En las economías modernas el trabajo no calificado –es decir, el que no tiene agregados estudios formales o capacitación formal o informal- es el que soporta más bajas retribuciones. A la inversa, el trabajador educado obtiene mayores niveles de ingreso, porque su productividad es superior, puede utilizar las nuevas tecnologías y mantenerse actualizado en su aprovechamiento. Consecuentemente, la educación puede disminuir la pobreza, puesto que ésta no es sólo un problema de bajos ingresos, sino de un reducido valor del "capital humano" (dicho sea esto sin ninguna connotación peyorativa). El problema de los más pobres no son sólo sus bajos ingresos, sino su escasa posibilidad de incrementarlos, porque su productividad es muy baja o nula.


Pese a lo anterior, lo mejor que puede hacer el Estado no es el lugar común de –como se suele repetir acríticamente en Argentina- dar al gobierno una fuerte injerencia en la materia. Llevamos décadas de predicar la importancia de la educación, y de asimilarla con el gasto público en esa materia, y cada década se obtienen resultados más pobres en materia educativa. Una de las explicaciones es que las políticas para el sector han privilegiado lo ideológico, o se han traducido en políticas y normas las concepciones de ciertos funcionarios respecto de la "equidad", lo que significa no castigar al alumno agresivo, violento, indisciplinado o reacio a adecuarse a pautas de comportamiento civilizadas- ni premiar al que estudia y se ajusta a aquéllas.


La educación pública argentina -sobre todo en el nivel secundario- nada ha hecho por aminorar la marginalidad, ya que no alienta la capacidad, ni el esfuerzo, ni la competencia, ni el mejoramiento, y por el contrario, en su afán de evitar la "expulsión" del sistema, fomenta las conductas destructivas y antisociales, al punto que en una generación, la clase media, que enviaba a sus párvulos a las escuelas públicas en una proporción significativa, ha huido de ellas, aterrada por la inseguridad, la politización, la pérdida de horas de clase y el permanente incentivo a la transgresión, la destrucción y el salvajismo.


En los hechos, muchos aspectos de nuestra educación –no sólo la pública, sino la privada- están estatizados: los planes de estudio son trazados por los ministerios de educación; los "contenidos mínimos obligatorios" conforman una abrumadora mayoría de las horas de clase que se dictan; la ideología de los funcionarios y burócratas de la educación –casi sin excepciones, hostil al capitalismo- prima sobre los derechos e intereses de los padres. Las instituciones privadas de enseñanza tienen muy limitada su libertad de brindar contenidos nuevos, distintos, o que contravengan la "religión oficial". Bajo el alero de una ideología colectivista, la ley 26.206 concibe a la educación, no como un derecho individual (art. 14 de la Constitución Nacional), sino como "un bien público y un derecho personal y social" (art. 2), como si el carácter de "público" tuviese un valor ético superior a lo individual; "el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento" (art. 5); "el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional… el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto" (como si una generación de ágrafos, pese a los crecientes presupuestos educativos, no fuera un indicador de que las falencias no provienen de la insuficiencia de recursos, sino en la prevalencia de la ideología y el sindicalismo); "el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública" (art. 10)[1]; "el Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país" (art. 15). Excede el propósito de estas líneas desmenuzar la ley nacional de educación. Lo que no es verba ampulosa e inútil, es ideología socializante y "políticamente correcta".



El derecho de enseñar, conjugado con la libertad de empresa (ambos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional) suponen la licitud de obtener una ganancia (¡horror de los horrores, un lucro!) con institutos educativos. Pero la intención y el sentido de la ley nacional de educación, más allá de su difusa fraseología, está claro: no es cuestión de que empresas capitalistas extranjeras se instalen en el país para competir con la educación estatal o digitada por el Estado. La preservación de la ideología estatista, y su monopolio de la educación, se tienen que asegurar de cualquier modo. La educación privada es un mal, y si proviene del extranjero, peor.




Ya es lejana en el tiempo la polémica acerca de la educación católica en las escuelas públicas. Se ha considerado, con toda razón, que no se puede imponer una determinada creencia a los que tienen otras, o carecen de ellas. Pero nunca se piensa que imponer como contenido obligatorio las ideas o ideologías de los funcionarios del Ministerio de Educación es también una forma de "enseñanza religiosa". Una religión agnóstica o atea y muchas veces antirreligiosa, pero con sus dogmas, sus excomulgados, sus satanes y sus "vade retro", que se impone a los niños y adolescentes sin importar las creencias o ideas de los padres.


La pretensión de uniformar ideológicamente a los jóvenes; el aliento a la agresividad, el conflicto y la indisciplina, lejos de fomentar la igualdad, provocan el efecto contrario: los padres que puedan financiar estudios en la también deficiente educación privada (deficiencias atribuibles a las pretensiones de uniformidad impuestas desde el gobierno) lo harán, y si pueden, huirán como de la peste de la politización de la escuela estatal (en el nivel secundario ya la toma del Colegio Nacional Carlos Pellegrini se ha convertido en un hecho reiterado y que no llama la atención). Los más pobres y la baja clase media se ven sacrificados por la ideología de los funcionarios de los ministerios de educación, y condenados a la carencia de estudios suficientes para insertarse en el mercado laboral; carencia que es el camino seguro hacia la desocupación o a los trabajos con bajos salarios. ¡Y todo ese cuadro de desastres, rindiendo homenaje meramente verbal –típico de Argentina- a principios igualitarios!




Muchos de los funcionarios públicos enquistados durante años en el presupuesto -con el gobierno que sea, desde Grosso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta con Jorge Rodríguez, jefe de gabinete de Menem, continuando en el Frente para la Victoriia - son marxistas, como Daniel Filmus. Y desde el marxismo no se concibe la educación sólo como enseñanza, sino como adoctrinamiento. Basta leer a los "padres fundadores" del marxismo, y su empeño en destruir la propiedad privada y el mercado, pero también la religión, la familia, cambiar la historia y modificar el sentido de las palabras. Hay que crear un "hombre nuevo", pero para eso es necesario que la publicidad sea monolíticamente igual, constante, uniforme y martilleante. No puede admitirse un pensamiento alternativo; toda idea distinta es "contrarrevolucionaria" y por ello, no sólo inadmisible sino peligrosa, cuando no signo de una enfermedad mental (algo de eso supieron los disidentes soviéticos).


Por eso, los pregonados éxitos de la "revolución cubana" en materia educativa, en el contexto de un pueblo sometido a una orwelliana uniformidad ideológica, no son tales. Dentro de los proyectos de ingeniería social, la eliminación del analfabetismo es una herramienta de la politización y uniformación de la sociedad. Lenin decía que "el analfabeto se encuentra excluido de la política, y por ello necesita aprender a leer y escribir"[2]. Eso es cierto, pero la "alfabetización" que va acompañada por el lavado de cerebros no hace a los destinatarios de aquélla seres más libres. Enseñar a leer y escribir, y a continuación vedar la difusión de ideas y conocimientos contrarios o distintos a la ideología oficial, es propagar la ignorancia semialfabetizada.


[1] Además de la imprecisión de los términos, lo que está claro es que no se pueden firmar tratados de libre comercio con países capitalistas, y ni siquiera socialdemócratas, si en ellos la educación no es centralizada ni estatizada (en Suecia han tenido gran éxito, para horror de los progresistas, los "vouchers" educativos, que confieren a las familias mayor libertad de elección



[2] Michael Heller, "El hombre nuevo soviético", edición en Argentina de Ed. Sudamericana-Planeta, 1985, pág. 42.