LIBERTADES Y SOCIALISMO

GRACIAS POR SALVARNOS DE LA CODICIA

Si algo cabe reconocer al gobierno, es que permanentemente mantiene la iniciativa. Iniciativa dislatada, pero sin contrapesos serios de eso que pretenciosamente se llama oposición.

La nueva genial idea del Poder Ejecutivo es eliminar el régimen de capitalización. Por supuesto, la retórica progresista nos dice que en realidad se procura eliminar a las AFJP para protegernos de la codicia (comisiones altas), las malas inversiones (ya se sabe el desastre que es el capitalismo) y asegurarnos una jubilación digna (el Estado siempre hace las cosas bien).

Más allá de que el propio sistema jubilatorio entraña una buena dosis de paternalismo -pues las únicas opciones que otorga son el sistema de capitalización o el sistema de reparto, pero no se pregunta al aportante si quiere jubilarse y que le descuenten compulsivamente una parte de sus ingresos, sea porque no quiere ahorrar, o porque tiene otros ahorros, o porque piensa ahorrar e invertir en la forma que prefiera- el sistema de capitalización resulta un mal menor, y dentro de las dos opciones que otorga la ley 24.241, es estrictamente voluntario.

En el sistema de capitalización, los aportes no son de las AFJP, sino de los afiliados. Cada uno de ellos tiene una cuenta de capitalización, que le pertenece en propiedad (artículos 1, 41, 54, 55, 56, 66) y es transmisible por herencia. El control de las inversiones es realizado por el Estado (artículo 80), y las reglamentaciones acerca de ellas son abundantes; si se supone que la regulación protege a la gente, nada impide al gobierno dictarlas. Lo probable es que, como se viene haciendo desde 2001, so capa de regulación el gobierno "encaje" títulos públicos de un Estado defaulteador y tramposo a las administradoras, es decir, los aportantes.

El gobierno emplea como pretextos para dar su manotazo a fondos que ascienden a $ 100.000 millones, que las administradoras (entre ellas, la estatal Nación AFJP) administran mal y que las comisiones son muy elevadas. Dentro de su lógica, si los villanos son las AFJP, lo coherente (aunque también inadecuado) sería reemplazar al administrador por el Estado, pero no eliminar las cuentas individuales de capitalización, que no pertenecen a las mandatarias, sino a los afiliados. Utilizar como excusa la mala administración para apropiarse de ahorros ajenos equivale a que un ladrón se apodere de mi dinero, porque dice que lo estoy invirtiendo mal.

Por otra parte, las prestaciones públicas no son incompatibles con el régimen de capitalización. Si el gobierno -éste o cualquiera- piensa que las jubilaciones y demás prestaciones que se otorguen por el sistema de capitalización son indignas, insuficientes, propias de un "capitalismo salvaje", nada le impide, con recursos genuinos, completar su importe con fondos públicos. Y si no puede hacerlo ahora, ¿con qué dinero se financiarán tan magníficas promesas? Con el dinero de los aportes, que se destinarán al régimen de reparto. En otras palabras, el gobierno se quedará con ahorros de los aportantes, para financiar el gasto público actual, contrayendo una deuda flotante indeterminada a ser pagada por otros gobiernos, tanto más elevada cuanto mayores sean las promesas.

Como el sistema de reparto es por sí deficitario -hay un aportante por cada pasivo- y lo será cada vez más, por el envejecimiento de la población y la falta de incentivos para aportar de quienes saben que el monto futuro de su haber de retiro no tendrá ninguna relación con el aporte, el esquema conduce, más allá del corto plazo, a la quiebra.

Engañosamente, se obtendrán recursos fiscales adicionales, equivalentes al monto del despojo. El aporte neto del afiliado ya no será de su propiedad, sino pasará a integrar las rentas generales. Y aunque se destinara en un 100% a pagar jubilaciones actuales, y su administración fuere impecablemente honesta, lo cierto es que se habrán confiscado sus ahorros a los aportantes que voluntariamente rechazaron el régimen de reparto, en hipotético beneficio de jubilados presentes. Pero el robo no deja de serlo, aunque su producido se destinara por hipótesis a fines pretendidamente altruistas.

No abundaré sobre la destrucción del mercado de capitales y otras cuestiones económicas, pues la condena al latrocinio no necesita de argumentos adicionales. El ladrón privado es el menos peligroso de los enemigos de la propiedad, señalaba Alberdi.