lunes, 22 de junio de 2009

ÉXITOS DEL MODELO PRODUCTIVO


El gobierno actual -que es una continuación, por interpósita persona, del que le precedió- gusta de proclamar a los cuatro vientos su sesgo "productivo", a diferencia de la infame década del 90, que se habría caracterizado por privilegiar a los servicios. El duhaldismo no difiere sustancialmente en el discurso (Cristina diría "el relato"): la década del 90 –que habría continuado hasta 2001- sería un período signado por la desindustrialización, en vivo contraste con el actual que pretende un "esquema de acumulación de matriz diversificada": la logomaquia como sustituto de la realidad, el palabrerío para la perrada semi-culta o "culturosa", cuya proliferación es una de las desgracias de Argentina.

Pero disculpen que me vaya por las ramas. Lo que se dice y aceptan oficialismo y opositores, no por repetido deja de ser falso. Durante la década del 90 la producción industrial creció significativamente (para citar a un autor insospechado de "neoliberal", ver IGLESIAS, Fernando, ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización, Editorial Sudamericana, págs. 181 y ss). Hasta el año 2005 no se habían recuperado los niveles de producción del año 1998 –pero con una distribución del ingreso mucho más desigual- y si la “sobrevaluación” provocada por la convertibilidad era por hipótesis letal para la producción nacional, deberíamos suponer que, abandonada ésta y cuando la cotización del dólar alcanzó su nivel record, el efecto sería un vigoroso repunte de la producción industrial.

Veamos qué ocurrió cuando el modelo desindustrializador fue sustituido por el “modelo productivo”, cuando se declaró el default de la deuda pública, y cuando el dólar alcanzó sus niveles reales más altos, es decir en el año 2002: la producción de automotores descendió -34,8%[1]; editoriales e imprentas, -31,5 %; cemento, -30%; otros materiales para la construcción, -29,9%; carnes blancas, -25,2%; fibras sintéticas, -23,8%; productos farmacéuticos, -22%; metalmecánica, -19,2%; lácteos, -18,6%; detergentes, -17,7%; hilados de algodón, -12,8%; bebidas, -12,3%; manufactura de plásticos, -10,1%[2].

Las ventas de computadoras –fundamentales para un país que piense en el futuro- se redujeron brutalmente: respecto del año 2001 las salidas de desktops cayeron un 79,95%; las de notebooks, un 80,05%; el total descendió un 79,96%. Las ventas de impresoras experimentaron una variación negativa aún más importante: se redujeron un 88,8%[3]. En 2002 se vendieron 110.000 computadoras en la Argentina, cuando en el año 2000 se vendían 1.000.000; según los estudios de Microsoft, el 19 % de los argentinos tenía, a mediados del año 2003, capacidad adquisitiva para comprar informática; esa cifra era del 35 % a fines de la década del noventa[4].
Por lo demás, la mayor parte de los cuestionamientos a la década del 90, al margen de dar por sentado que existió una desindustrialización por la competencia de importaciones subsidiadas –lo que no es cierto, a poco que se analicen las estadísticas que proporciona el INDEC- son criticables porque subestiman la importancia de los servicios, pese a que la tendencia mundial es al crecimiento del sector terciario como porcentaje del producto bruto, especialmente a medida que los países incrementan su ingreso per cápita. A título de ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica (año 1996), el gasto en servicios representó el 58% del valor del consumo (2,974 billones de dólares)
[5]. Ese aumento porcentual se dio especialmente en Argentina desde el año 1991 hasta el 2001, y fue notorio: a título de ejemplos, las telecomunicaciones, la provisión de energía eléctrica y gas, los servicios de asistencia médica, las comunicaciones aéreas (evidenciado por el incremento de líneas aéreas en competencia, el número de viajeros y de kilómetros recorridos).

La concepción económica primitiva de los “industrialistas” ignora que, salvo los países con muy bajo ingreso per cápita, el creciente peso relativo de los servicios es una tendencia mundial. Otra cosa es que en Argentina muchas veces se lo abulte artificialmente, por incluirse en ellos “servicios” improductivos del sector público, y como el ingreso nacional se mide –entre otras formas- a costo de factores, los sueldos pagados por no hacer nada figuran como parte de aquél. Pero dejando de lado las distorsiones estadísticas, lo cierto es que el aumento de la participación de los servicios en el total no debe verse como una muestra de “desindustrialización”. En Japón, la industria pasó de significar el 35% del Producto Interno Bruto en 1960, a 25% en 1994; en la Unión Europea, del 32% en 1960, a 26% en 1994; en Estados Unidos, de 27% a 18%; y en general, en los países industrializados, de 30% a 20%. Paralelamente, el valor agregado de los servicios en el mismo lapso, que en Estados Unidos representaba el 57% en 1960, alcanzó el 72% en 1994; en los países industrializados, ascendió del 53% al 67%; en la Unión Europea, del 47% al 67%; en Japón, del 52% al 58%[6]. Inclusive en Argentina el fenómeno es similar: los bienes alcanzaban el 56,2% del PIB en 1960, y en 2000 el 32,5%; el valor agregado generado por los servicios era el 43,8% en 1960, y el 67,5% en 2000. Las industrias manufactureras sólo tenían una participación del 16,7% en 2000, contra 32,2% en 1960. Pero esa caída en la participación es relativa; no implica un decrecimiento en valores absolutos ni una desindustrialización, sino que el crecimiento es menor que el generado por los servicios[7].

Esto es así por dos razones: por un lado, porque la creciente automatización y robotización de la industria libera mano de obra, que es ocupada –al menos ocupable- en el sector terciario[8], como en su momento en el mundo ocurrió -y continúa ocurriendo- entre la producción agropecuaria y la industria; por otra parte, porque conforme aumenta el nivel de la renta promedio, los consumidores destinan una proporción decreciente de sus ingresos a los bienes –cuyo precio relativo ha disminuido- y un porcentaje creciente a los servicios[9].

Una muestra del actual atraso –que podría extenderse a las prestaciones médicas de alta complejidad, a los servicios de software, y tantas otras cosas más- es la reducción de las horas de vuelo de cabotaje, porque la gente es más pobre, y porque los servicios aeronáuticos son cada vez más deficientes. Curioseando en el sitio web del INDEC –por supuesto, no en las partes más fácilmente accesibles, que se remiten exclusivamente al período 2003-2007- puede constatarse la evolución de la cantidad de pasajeros que hicieron vuelos de cabotaje desde 1993: 3.706.000 en aquel año, 4.538.000 en 1994; 4.991.928 en 1995; 5.904.278 en 1996; 6.581.524 en 1997; 6.995.940 en 1998; 7.014.131 en 1999; 6.790.420 en 2000; 4.994.404 en 2001; 4.432.105 en 2002; 4.433.625 en 2003; 5.060.951 en 2004; 5.792.156 en 2005; 5.264.416 en 2006; 5.736.408 en 2007, y 5.818.283 en 2008. Después de largos años de “modelo productivo”, la cantidad de pasajeros aerotransportados en el interior del país es inferior a 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Ante la objeción de que aumentó la cantidad de pasajeros transportados por ómnibus, respondo que es cierto: se trata de un sector con mayor competencia que el transporte aéreo, y con subsidios al combustible. De todos modos, cuando colapse el servicio de colectivos, se incrementará el número de los que viajen en tren; cuando los trenes estatales ya no lleven pasajeros, las carretas y diligencias experimentarán una frenética expansión, para continuar las realizaciones del “modelo”.

[1] Ya a fines de 2006, nos enteramos que, según el Presidente de Ford Argentina, Enrique Alemany, "el sector automotor venderá este año unas 450.000 unidades, lo que superaría en un 15 % las ventas del año pasado y se acercaría al record histórico de 1998" (La Nación, Sección 2 "Economía y Negocios, Buenos Aires, Jueves 14 de diciembre de 2006, pág. 1).

[2] Fuente: Ambito Financiero del 18 de diciembre de 2002, p. 2.

[3] Fuente: Ambito Financiero, Sección Ambito Net, 28 de febrero de 2003, página III.

[4] Fuente diario La Nación, Sección 2 –Economía- página 8, Jueves 26 de junio de 2003.

[5] Samuelson-Nordhauss, "Economía", decimosexta edición, 1999, Mc Graw Hill/Interamericana de España, capítulo 22, pág. 415

[6] Ricardo Arriazu, “Lecciones de la crisis argentina”, Ed. El Ateneo, 2003, págs. 49-51 y sus gráficos.

[7] Ricardo Arriazu, obra citada, págs. 51-53.

[8] El costo promedio del transporte aéreo por millas per cápita descendió desde 0,68 dólares, a 0,11; el costo de una llamada de tres minutos Londres-Nueva York bajó de U$$ 244,65 a U$S 3,32; el precio de las computadoras se redujo 125 veces desde 1970 (todos los valores están expresados en dólares estadounidenses de 1990, según Ricardo Arriazu, obra citada, pág. 54, Tabla N° 4).

[9] Conforme Samuelson-Nordhauss (obra citada, pág. 414), “los continuos cambios de la tecnología, de la renta y de las fuerzas sociales han alterado espectacularmente los patrones de consumo de Estados Unidos con el paso del tiempo. En 1918 los hogares gastaron, en promedio, el 41 por ciento en alimentos y bebidas. En cambio, actualmente sólo gastan alrededor de un 19 por ciento en estos artículos. ¿A qué se debe esta sorprendente disminución? Principalmente a que el gasto en alimentos tiende a aumentar más despacio que la renta. Asimismo, el gasto en ropa ha descendido del 18 por ciento de la renta de los hogares a comienzos del siglo a sólo el 6 por ciento en la actualidad...Actualmente, hay 1,3 automóviles por cada hogar, por lo que no es sorprendente que el 23 por ciento del gasto se destine a transporte relacionado con vehículos...”. En el cuadro 22.1 (pág. 415), se observa que los servicios representan el 58% de los gastos de consumo.

sábado, 9 de mayo de 2009

LA OPRESIÓN DEL FISCO

En Argentina los medios de prensa y la generalidad de los partidos políticos son hostiles o al menos indiferentes hacia los contribuyentes. Permanentemente, se lee que el problema parecería ser la "evasión", y no la exacción fiscal.

Lamentablemente, durante décadas han coincidido economistas y fiscalistas rotulados como de "derecha" y de "izquierda" en la opresión tributaria: los primeros, en nombre del equilibrio o del superávit fiscal; los segundos, lamentando la "regresividad" de la carga tributaria, y proponiendo la redistribución del ingreso.

Ninguno enfoca el problema de fondo, que es el asalto del Estado a los particulares, no el equilibrio o el superávit de presupuesto. Aunque transitoriamente se obtengan superávits, la historia demuestra que son de corta duración; la abundancia de fondos acrecienta las demandas políticas de incremento del gasto público, con lo que el efecto sobre las cuentas fiscales del aumento de la presión tributaria es, en el mediano y largo plazo, nulo.

El Estado puede confiscar a los acreedores a través de la legislación de emergencia, utilizada para consumar "defaults" internos y externos –y engañarse pensando que ha resuelto los problemas- pero, además de su irritante iniquidad, las normas de emergencia no solucionan el problema de fondo, de la misma manera que un vago borrachín no solucionará sus problemas dejando de pagarle al bar, ni a los bancos que financian sus dispendios. El crecimiento de la deuda pública es una consecuencia de los déficits fiscales, y éstos, del permanente crecimiento nominal del gasto público. En Argentina, con una modalidad adicional: las frecuentes devaluaciones de nuestro signo monetario tienden a "licuar" el gasto público y el valor de la deuda pública en pesos, transfiriendo el Estado a los particulares el costo de su ineficiencia o su corrupción; de esa manera brutal, se efectúan los "ajustes" que los gobernantes no quieren hacer explícitamente.

De todas maneras, enfocar la cuestión fiscal exclusivamente desde la perspectiva del equilibrio o superávit del presupuesto significa despreciar los derechos del contribuyente. Aunque pudiera obtenerse y mantenerse en el tiempo el superávit fiscal a través de un aumento permanente en términos reales de la recaudación -lo que supondría no tener inflación, o que la tasa de crecimiento de las sumas recaudadas supere a la aquélla- eso significaría que el Estado extrae más a los habitantes de la Nación, de lo que les aporta. Como decía Alberdi[1]: “El peor enemigo del país ha sido la riqueza del fisco...¿O la Nación es hecha para el fisco, y no el fisco para la Nación?

Otras veces el superávit del presupuesto es enfocado exclusivamente como herramienta de política inflacionaria. Pero si a través del superávit fiscal y una austera política monetaria se obtuviera la estabilidad de precios sin reducir el gasto público, lo único que se estaría haciendo es reemplazar un impues­to (el impuesto inflacionario sobre los saldos monetari­os) por otros tributos, sin mejorar el bienestar de la población[2].

Es habitual que, frente a las quejas por el nivel del gasto público y de la tributación, se realicen comparaciones con los países desarrollados en cuanto a los niveles de défi­cit fiscal, gasto públi­co y presión tributaria como porcentaje del PBI. Esas comparaciones carecen de sentido, por varias razones, de índole jurídica, lógica y económica:

a) La excesiva pre­sión fiscal y el gasto públ­ico im­pro­duc­tivo son en cual­quier parte una plaga, y por estos lares, una violación en su espíritu a nuestra carta constitucional y un obstáculo al crecimiento. Que países ya desa­rrollados la sopor­ten, no significa que Argentina -con una economía empequeñecida, y un Norte sub­desarro­llado- pueda hacerlo sin com­prometer sus posi­bilidades de cre­cimiento futuro.

Muchos de los “expertos” en materia tributaria –algunos técnicos competentes en lo suyo que pasaron largos años de su vida gozando las mieles del funcionariado público- jamás han desarrollado una actividad en el sector privado, ni han atendido ni menos aún defendido a un contribuyente; nunca han podido palpar, en su propio pellejo, los abusos del fisco (antes bien, los alientan o los desconocen), que además de su carácter sistemático, en algunos casos llegan a niveles absurdos.

b) La comparación del nivel de tributación con el producto bruto presenta, por lo demás, múltiples vicios analíticos:

1- La primera falacia lógica, es la inadecuación del vínculo entre ambas variables. Los alicientes positivos o el desánimo están dados por las normas legales, no por los hipotéticos beneficios de su violación.

En materia de impuestos aduaneros los economistas y la gente en general suelen ser más razonables para advertir las relaciones entre las normas y sus efectos. Un arancel tan elevado que imposibilite la importación, tendrá una recaudación igual a cero, pero a nadie se le ocurriría medir la “presión arancelaria” como el cociente entre lo recaudado y el valor de la mercadería sometida al arancel prohibitivo. Lo mismo sucedería con un impuesto a las ganancias en que la alícuota fuera del 100%: su recaudación sería nula, por lo que, medida la presión tributaria como un cociente entre la recaudación y el producto bruto, sería, conforme con esta absurda metodología, bajísima. En ese frecuente error incurren los tecnócratas que analizan la economía argentina.

2- El segundo vicio lógico de medir la presión tributaria como un cociente entre impuestos recaudados y producto bruto, es incluir en el denominador lo que ya en parte está en el numerador, cuando se mide el producto bruto a precios de mercado, pues éstos ya llevan consigo los impuestos indirectos.

3- Respecto de los impuestos directos, lo razonable es compararlos con la renta disponible[3] de los hogares más los beneficios no distribuidos de las empresas, no con el producto bruto.

4- Desde el punto de vista de los incentivos, es más importante la presión tributaria nominal que la efectiva, por diversas razones:

* Cuando resulta mayor la presión tributaria nominal que la efectiva, es porque existen ingresos y ganancias “en negro”, que difícilmente se inviertan “en blanco”. Una parte sustancial de esas ganancias “negras” son depositadas en el exterior o en cajas de seguridad (lo que, desde el punto de vista económico, es igual), pero no son destinadas al sistema financiero institucional, ni a la adquisición de bienes de capital. La eficiencia de la economía se ve resentida, cuando una parte importante de las ganancias empresarias y de los ingresos de la comunidad, para eludir o evadir la acción del fisco, está fuera del circuito económico formal de ahorro e inversión.

Las elevadas alícuotas fomentan la evasión y desalientan la actividad económica. Con una alícuota del 35% para el impuesto a las ganancias de las sociedades –que en los hechos es mayor, al no permitirse el ajuste por inflación- y muy alta para las ganancias de las personas físicas, el aliciente para la inversión es muy bajo, y para la evasión, muy alto. Esos incentivos perversos otorgan ventajas competitivas no a los empresarios más eficientes, sino a quienes son más hábiles o más osados para evadir o eludir tributos. Si a eso se suman impuestos locales a los ingresos brutos, e impuestos municipales con idéntica base imponible, disfrazados sucesivamente de "tasas", "contribuciones" y "patentes", el costo para el contribuyente -que no está dado sólo por los importes nominales abonados, sino por los costos administrativos de adecuación a las normas- desalienta la actividad económica, y precipita a los pequeños y medianos contribuyentes al incumplimiento masivo de sus obligaciones fiscales.

Siendo Argentina un país de ingresos mediano-bajos, las alícuotas del impuesto a las ganancias son bastante superiores a las de Estados Unidos. Allí, el tipo impositivo medio en el impuesto federal sobre la renta de las personas en el caso de una familia de cuatro miembros ascendía, en el año 2002 al 6% para una renta bruta de U$S 50.000; el 12% para una renta bruta de U$S 100.000; el 17% para una renta bruta de U$S 200.000 y el 31% recién a partir de U$S 10.000.000[4].

Para sorpresa de los admiradores de los modelos escandinavos, en Argentina los impuestos directos corporativos –es decir, los que recaen sobre las sociedades de capital- son más elevados que en Suecia. Según datos que obtuve del sitio web ISA www.isa.se/upload/english (Invest in Sweden Agency), las tasas de impuestos corporativos suecos son más bajas que las de Estados Unidos y la OECD, de acuerdo a un estudio efectuado en 2002 por la compañía auditoria KPMG. La tasa de impuesto directo a las empresas asciende en Suecia al 28% sobre las ganancias, frente a un 16% de Irlanda. Noruega y Polonia tienen la misma tasa de imposición corporativa que Suecia, 28%. En Finlandia, la tasa para el año 2008 es 26% igual a la de 2007[5], en Dinamarca, el 24%.

El impuesto a las ganancias sobre las sociedades de capital es mayor en nuestro país que en la generalidad de los países del orbe: en Argentina, del 35% sobre ganancias que al no ajustarse por inflación, muchas veces son menores o inexistentes, y gravadas con el impuesto a la ganancia mínima presunta; en Australia, 30%; Austria, 25%; Bélgica, 33,99%; Bulgaria 10%; Canadá 19,5%; China 25%; República Checa 21%, Estonia 22%; Francia 33,33%; Alemania 30-33%; Hong Kong 17,5%; Hungría 16%; Irlanda 12,5%; Israel 27%; Italia 31,4%; Japón 30%; Lituania 15%; Luxemburgo 22%; Holanda 20-25,5%; Nueva Zelanda 33%, Polonia 19%, Portugal 25%, Rumania 16%, Rusia 24%, Singapur 18%, Eslovaquia 19%; Eslovenia 22%, Taiwán 25%, Turquía 20%, Reino Unido 30%; U.S.A. 15-35% (fuente worldwide-tax.com).

El efecto de las tasas impositivas en Argentina sobre los incentivos de los individuos para ahorrar e invertir, y tributar sobre lo legítimamente ganado, es mortífero.

* Quienes niegan que la presión tributaria sea elevada en Argentina, sin asignar relevancia a las tasas nominales, y efectuando comparaciones entre la recaudación de impuestos y el producto bruto –y a la vez comparando con índices de países desarrollados- además de ignorar la obviedad de que no somos desarrollados, menosprecian sin advertirlo el valor de la legalidad. Implícitamente están diciendo a los contribuyentes: “no se quejen por los elevados impuestos, porque Uds. evaden”, lo que obliga a preguntarse, ¿están sugiriendo que lo hagamos? Ante la presumible protesta de nuestros fiscalistas, que insistirán en que debe recaer “todo el peso de la ley” (y de los decretos, y de las resoluciones generales, y de los honorarios de los asesores) sobre los “evasores” –es decir, quienes no tributan todo lo que los inspectores y jueces administrativos opinan que deben tributar- formularemos una nueva e ingenua pregunta: “Suponiendo que se lograran todos los objetivos en materia de “administración tributaria”, ¿la presión fiscal sería, conforme a sus criterios, elevada?”. La respuesta de los que viven de los impuestos ajenos siempre será negativa.

La carga fiscal sobre los contribuyentes debe evaluarse, no en función de los que evaden, sino de los que cumplen. No es una buena política –además de no ser justo- dispensar en los hechos un tratamiento más desfavorable a los que más pagan.

* Las retenciones a las exportaciones, reimplantadas en el año 2002 después de la macrodevaluación que nos sumió en una profunda recesión , no impidieron inicialmente a los exportadores y agricultores obtener ganancias elevadas por la elevación del precio de los commodities, pero a la larga el tipo de cambio real tiende a volver a niveles normales; en cambio las retenciones difícilmente sean eliminadas, pues significan una proporción importante de los ingresos tributarios. La historia de los impuestos, es que salvo excepciones, cuando se implantan llegan para quedarse.

Gravar las exportaciones es contradictorio con la justificada crítica contra los subsidios de los Estados Unidos y la Unión Europea a su producción agrícola, pues es el exacto equivalente –pero de signo negativo- de un subsidio.

Otra cuestión que ya no genera ni siquiera preocupación es la legalidad constitucional. Las retenciones se imponen, se elevan o reducen por simples resoluciones del ministerio de economía. Dónde quedó el principio de legalidad (artículos 4, 17, 52, 75, inciso 1, 99, inciso 3 de la Constitución Nacional) no desvela a los economistas, muy poco a los juristas, y nada a las asociaciones afectadas. Las entidades rurales critican el elevado nivel de las retenciones, protestan por la erosión de su rentabilidad, o procuran un tratamiento más favorable (así, sociedades rurales del interior procuraron que las retenciones sean más bajas, porque sus costos de flete son superiores), o solicitan entrevistas con los funcionarios, convalidando así su poder decisorio y ratificando que en Argentina, el que manda es el Poder Ejecutivo. Para desconsuelo de algunos ingenuos que creemos que las garantías constitucionales sí tienen importancia, no hay cuestionamientos generales por su invalidez.

c) Debemos agregar a las mediciones con­venciona­les el impacto de las car­gas sociales (aportes y contribuciones previsio­nales y de obras sociales) pues éstas son, eco­nómi­camen­te, distorsionantes gabelas al trabajo[6], y en nues­tro país, de elevada cuan­tía

El panorama que se presenta a los contri­buyentes es una permanente violación del principio de legali­dad; una creciente presión tributaria; gran variabili­dad de las normas, y consecuente incertidumbre de los contribu­yentes acerca de sus derechos; reducción de las ga­rantías proce­sales, y múltiple impo­sición nacio­nal, provincial y municipal tomando similares hechos y bases imponibles.

Y padecemos todo ese infierno ¿para obtener qué? ¿se sacrifican garantías individuales para redistribuir el ingreso? Al margen de las críticas que formulé en otro post hacia esa engañosa idea, no se ha logrado nada, ni siquiera desde la perspectiva de quienes lo propugnan. Hemos pagado todos los costos de un estado redistribuidor, sin obtener ninguno de sus hipotéticos beneficios

.[1] "Sistema Eco­nómico y Rentís­tico de la Confederación Argentina según su Cons­titución de 1853".
[2] Valeriano García y Alvaro Saieh, "Dinero, precios y política monetaria", Ed. Macchi, 1985, capítulo X, pág. 332.
[3] La renta disponible (RD) es igual al consumo, más la inversión, más los gastos del estado, más las transferencias, menos la depreciación, menos los impuestos indirectos, menos los impuestos directos, menos el ahorro empresarial neto (Samuelson-Nordhauss, obra citada, págs. 405-406.
[4] Samuelson-Nordhauss (Economía, 18ª edición, Mc Graw-Hill Interamericana, 2008, página 321).
[5] Fuente: http://www.worldwide-tax.com/
[6] Ana Yabar Sterling, “La política presupuestaria del sector público y el desarrollo a largo plazo", en El Sector Publico en las economías de mercado (ensayos sobre el intervencionismo)", Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1979, pág. 531.

viernes, 3 de abril de 2009

LAS VENAS ABIERTAS DE CANADÁ

Para gran parte de los latinoamericanos y especialmente los argentinos, las inversiones estadounidenses o la dependencia del comercio con Estados Unidos son un pasaje de ida sin vuelta hacia la colonización económica y la pauperización social. Es un clásico entre los sectores "progres" la obra de Galeano titulada "Las venas abiertas de América Latina". Soy absolutamente insensible a los pretendidos méritos literarios de Galeano, inclusive cuando quiere ser escritor y no ideólogo marxista, pero sí puedo criticar sus muchas idioteces cuando incursiona en materias en las que toca de oído; máxime, cuando son seguidas por muchos de los sectores de la clase media "culta"; esa parte de la clase media argentina compuesta por estudiantes y graduados universitarios que han respirado un ambiente estudiantil y profesional filo-socialista, normalmente de carreras llamadas "humanistas", en las cuales rige la idea ramplona –pero pretenciosa, como suele ser la ignorancia- de que el humanismo equivale a rehuír todo estudio preciso, sistemático y serio de las ciencias económicas y sociales; que no existe un conocimiento objetivo basado en el estudio lógico y empírico de las materias a tratar, sino en la ideología; en otras palabras, la concepción explícita o implícita de la mayoría es que la ideología condiciona las opiniones, y a la vez que esa ideología se basa en los intereses de clase, económicos o en prejuicios. Sólo la izquierda estaría, al parecer, exenta de aquéllos.


Formulada esta introducción, veamos cómo queda la teoría de Galeano –una vulgarización de la ya vulgar de Hernández Arregui, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Teodonio Dos Santos, y muchos otros que constituían virtualmente el "pensamiento único" del mundillo estudiantil universitario de las décadas de 1960 y 1970- a la luz de la experiencia canadiense. Si la dependencia comercial con Estados Unidos, y el carácter de receptor masivo de inversiones provenientes de ese país llevaran a la pobreza a la población del país sometido a esa espantosa sangría, Canadá debería estar sumida en la miseria. Por sus venas abiertas deberían fluir dólares hacia su poderoso vecino, y el pueblo hambreado se desesperaría por emigrar hacia Cuba. Según un artículo publicado en un sitio web insospechado de pro-capitalista (www.flacso.uh.cu), titulado "Canadá y la Revolución Cubana, los orígenes del “Constructive Engagement” 1959-1963" (Msc. Raúl Rodríguez), "el 70% de las importaciones canadienses provenían del vecino del sur y el 60% de las exportaciones canadienses iban a su vecino del sur, en 1960. Las inversiones estadounidenses representan las tres cuartas partes de toda la inversión extranjera en Canadá".

En 1976 decía Luis García Martínez ("Teoría de la dependencia, Emecé Editores, 1976, pág. 126): "en lo que hace al Canadá, la situación presenta rasgos especiales dada la proximidad geográfica con los Estados Unidos y el grado de integración que presentan las respectivas economías. A tal punto que hacia fines de la década del sesenta alrededor de las tres cuartas partes de las importaciones canadienses provenían de los Estados Unidos. En tanto, las dos terceras partes de las exportaciones se dirigían a este mismo país. En buena medida, la incorporación del capital norteamericano en la economía canadiense financió la instalaión de plantas fabriles complementarias de la industria de los Estados Unidos…En gran parte, Canadá funciona como un apéndice de los Estados Unidos".


Más recientemente, un artículo publicado en un sitio web del Government of Canada, titulado "CANADA AND THE UNITED STATES: TRADE, INVESTMENT, INTEGRATION AND THE FUTURE" (ver aquí) se expresa así: "In Canada’s case, when one talks about international trade, what is really being discussed is trade with the United States. Fully 86% of Canadian exports – worth 33% of GDP – are shipped to the United States…The FTA and the NAFTA have seen an increase in foreign direct investment (FDI) among NAFTA partners. The U.S. continues to be the largest foreign investor in Canada…Canada is also the second-largest recipient of total U.S. FDI (11%), behind only the UK".


Teniendo en cuenta el volumen de las inversiones norteamericanas en Canadá, la trágica circunstancia de estar ese país atado por tratados de libre comercio con Estados Unidos, la orientación de las exportaciones canadienses hacia el monstruo imperialista (86%), y haber sido durante décadas un apéndice de la economía norteamericana, Galeano debería dedicar sus desvelos a los infortunados canadienses.


En alguna polémica verbal, me dijo un ocasional contendor que Canadá era un "caso especial", sin explicar por qué esa pretendida especialidad debería convertir en una bendición lo que por hipótesis sería una maldición. Dado que el propósito de este post es limitarme a Canadá –por ser quizás el país más dependiente de Estados Unidos- no abundaré sobre los múltiples ejemplos históricos que demuestran que las relaciones privilegiadas con países desarrollados –no con los socialismos que provienen del siglo 19, y pretenden proyectarse al siglo 21- el comercio libre con ellos, y un ambiente favorable a las inversiones extranjeras son condiciones necesarias aunque no suficientes para la prosperidad en el mediano plazo; y que por el contrario, el énfasis en "vivir con lo nuestro" conduce a la pobreza y el estancamiento económico y cultural.

martes, 24 de marzo de 2009

LOS FRACASOS DEL SOCIALISMO

1. Introducción

Es llamativo, y una muestra de la estupidez, ignorancia o mala fe de la mayoría de los medios de prensa, que la actual crisis haga pensar a muchos que la alternativa es el socialismo. En algunos -los más jóvenes- porque no vivieron el estrepitoso derrumbe del comunismo soviético y de sus países satélites; en otros, porque su ideología es inmune a los azotes de la realidad; y en una mayoría, porque repiten como loros lo que ven por la televisión, y muy pocos leen lo que no pueden conseguir por internet, en particular libros de alguna antigüedad.

A pocos llama la atención la mal disimulada conversión china al capitalismo –manteniendo las características totalitarias de su sistema político- la suscripción por Vietnam de tratados de libre comercio con Estados Unidos; y la elocuencia de las comparaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre Taiwán y Hong Kong y la propia China comunista; entre Alemania Occidental y lo que fue Alemania Oriental. Hace 20 años, tras la caída del Muro de Berlín, casi nadie discutía que el socialismo estaba acabado, al punto que Robert Heilbroner, quien siempre simpatizó con el socialismo, dijo: "Menos de 75 años después de haber comenzado, la contienda entre capitalismo y socialismo ha concluido: el capitalismo ganó. La Unión Soviética, China y Europa del Este nos han dado la más clara prueba de que el capitalismo organiza los asuntos materiales de la humanidad más satisfactoriamente que el socialismo[1].

2. La ineficiencia de la planificacion central.

Como destacaban Mises y Hayek, los socialistas más competentes, serios y estudiosos ya habían descartado en las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado que fuera eficiente una economía de planificación central. En particular Oskar Lange, dedicaba sus afanes argumentativos a demostrar que es posible compatibilizar el socialismo con el mercado, lo que resulta enteramente imposible, pues no se concibe el funcionamiento del mercado sin auténticos empresarios, que son algo muy diferente de los gerentes de empresas estatales, carentes de todo incentivo para actuar minimizando costos, y buscando nuevas tecnologías, métodos de producción y mercados, o lisa y llanamente abandonando la producción de los bienes que ya no sean demandados, e inclusive cerrando la empresa.

Los esquemas socialistas, aun los que procuran una imposible coexistencia con el mercado, presuponen una economía estática, en la que no existan cambios en la demanda, en la tecnología y en los modos de producción, y en la que los gerentes de las empresas estatales dispongan de la información previa, suponiendo que no se modificará. Como lo puso de manifiesto Ludwig von Mises, la información sólo se crea o se descubre si el empresario tiene un incentivo, que es el beneficio; y si el empresario, por no reconocerse el derecho de propiedad, no puede lograrlo, no tiene ningún aliciente para mejorar o cambiar el statu quo económico, ni para realizar un auténtico cálculo económico.

No es posible separar el mercado de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, si se la elimina, los gerentes no podrán actuar como empresarios, pues no son empresarios, ni siquiera en una economía capitalista. La actividad empresaria no se reduce a la mera gestión de los recursos disponibles, sino que se procura aumentarlos, cambiarlos, eventualmente incursionar en otras ramas de la actividad económica o incluso cesar en algunas o todas ellas, lo que sería impensable para un gerente socialista.

Los sectores de la actividad económica van cambiando a través del tiempo: hace tres décadas, la soja tenía una importancia marginal en la agricultura, y hoy es el cultivo de mayor expansión en nuestro país. La computación personal no existía, y pocos previeron que llegaría a constituir un bien de uso corriente en los hogares. La producción a bajo costo del aluminio recién se desarrolló en el siglo XX, así como los plásticos y los derivados de hidrocarburos. La aviación comercial no tenía el desarrollo que ahora tiene, como consecuencia en gran medida de la desregulación aérea a partir de 1977 ("Samuelson-Nordhauss, "Economía", decimosexta edición, 1999, Mc Graw Hill/Interamericana de España, pág. 315).

Un gerente estatal honrado y razonablemente eficiente podría haber gestionado el statu quo económico existente en una fecha dada, pero no podría incursionar en nuevas actividades, ni desarrollar nuevas tecnologías, ni prestar distintos servicios.

Uno de los problemas centrales del socialismo es que, abolida la propiedad privada de los medios de producción, no es posible generar un mercado de ellos, y al no existir éste, no hay precios que sirvan para evaluar la eficiencia, ni un mercado de capitales para asignar los fondos a las actividades más beneficiosas. En la economía capitalista, el empresario que carece de recursos propios suficientes, puede endeudarse o buscar socios que provean de capital, tarea imposible para un órgano burocrático estatal, que previsiblemente no financiará nuevas actividades de otros burócratas, por buenas que sean sus intenciones, y por originales y creativas que resulten sus iniciativas.

Dicen Samuelson-Nordhauss (obra citada, páginas 544-545) "en una economía de mercado, las decisiones comerciales sobre los libros se toman principalmente en función de los beneficios y las pérdidas. En la Unión Soviética, como los beneficios eran un tabú, los planificadores usaban objetivos cuantitativos. El primer incentivo gerencial era recompensar a las empresas de acuerdo con el número de libros producidos, por lo que los editores imprimían miles de libros pequeños que no se leían. Ante el claro problema de incentivos, los planificadores cambiaron de criterio, estableciendo uno basado en el número de páginas, a lo que los editores respondieron publicando gordos libros utilizando papel cebolla y grandes caracteres. Los planificadores adoptaban entonces como criterio el número de palabras, a lo que los editores respondían imprimiendo enormes volúmenes con pequeños caracteres. En todos esos sistemas, no se pensaba nunca en el beneficiario último del libro, que era el lector".

El mismo problema se presentaba con otras ramas de la producción. Los vehículos soviéticos eran, ora grandes y pesados, cuando los objetivos de producción se formulaban en toneladas; o más pequeños (como el Lada, una adaptación del viejo Fiat 1600), cuando los objetivos se establecían en unidades; pero en todos los casos, de muy baja calidad y tecnológicamente obsoletos.

Las palabras de Michael Voslensky ("La nomenklatura. Los privilegiados en la URSS", Editorial CREA S.A., 1981, Buenos Aires, impreso en España por Chimenos S.A.) –quien algo conocía de la burocracia soviética por haberla integrado- son ilustrativas de la deprimente realidad que se vivía en ese sistema, y que ahora –después de su implosión- algunos miran con nostalgia y muchos otros desconocen:

"La economía burocrática planificada es fundamentalmente hostil al progreso técnico…La actitud frente al progreso técnico –en los hechos, que no en los discursos- es exactamente la inversa de la que tiene el capitalismo. Cuando se produce un descubrimiento científico, el capitalismo debe resolver el problema del espionaje industrial, y el "socialismo real" el de la "introducción". Pero existen también otros signos de esta tendencia a la reducción del desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, la mala calidad de la producción en las empresas soviéticas…La razón profunda reside en que la producción planificada tiene en cuenta sobre todo la cantidad, expresada en unidades o en valor. Esos son los términos en que el plan debe ser cumplido…La mala calidad de la producción es una de las formas de simplificación del trabajo observadas en el cumplimiento de los objetivos fijados por el plan…" (pág. 143).

"Otra forma de esta limitación –menos inmediatamente evidente, pero familiar para los consumidores soviéticos- es ésta: cuando el plan no ha sido expresado cuantitativamente, sino sobre una base financiera, la fábrica se esfuerza por producir variantes caras del mismo producto. Esto le permite fabricar menos, y al mismo tiempo satisfacer los imperativos del plan…Que la mercadería encuentre o no compradores importa muy poco" (pág. 144).

En realidad, sin un sistema de precios de mercado mundial que orientaba medianamente a los planificadores, los errores habrían sido aún más groseros. Sin embargo, los resultados del experimento colectivista fueron desastrosos. Alemania Occidental y Alemania Oriental comenzaron con niveles de productividad y estructuras industriales similares, a final de la segunda guerra mundial. En 1989, la productividad de Alemania Oriental era entre un cuarto y un tercio de la productividad de Alemania Occidental y además, el crecimiento estaba orientado a la producción de bienes intermedios no valorados por los consumidores (Samuelson-Nordhauss, obra citada, pág. 545). Similares comparaciones se pueden hacer entre Corea del Norte (comunista) y Corea del Sud (capitalista), China Comunista (pese a su notable crecimiento en las últimas décadas) y Taiwán u Hong Kong.

4. Los inspiradores de los índices "K" de Moreno

Es notoria la benignidad con que los autores occidentales trataban la economía y la sociedad soviéticas, y su predisposición a aceptar las estadísticas, siempre infladas, sobre su crecimiento. En contraposición, Voslensky decía:

"…la falsificación de las estadísticas continúa bajo Kruschev; él mismo las denuncia durante el pleno del Comité central realizado en enero de 1961; sin embargo, las falsificaciones siguen hoy a la orden del día" (pág. 146).

"Porque la Nomenklatura se sirve de las falsificaciones estadísticas para paliar la tendencia a la reducción de las fuerzas productivas. Contra esta reducción, de la que hemos visto que se trata de una consecuencia de la planificación, no existe más que un remedio: inventar cifras imaginarias" (pág. 146).

5. El socialismo real y la pobreza

Para quienes atribuyen la miseria -a la que a veces añaden el curioso adjetivo de "digna"- de Cuba al "bloqueo" -es decir, al embargo- estadounidense (que, por la triangulación a la que obliga, equivale a una restricción a las importaciones que sería altamente elogiada por nuestros proteccionistas, pues supuestamente defienden a la industria nacional), sería bueno que recordaran idénticas calamidades en los países que abrazaron el "socialismo real":

"Los clásicos del marxismo-leninismo predijeron que el socialismo provocaría un salto adelante del nivel de vida del pueblo…Al contrario de estas promesas, en los últimos 60 años se ha comprobado claramente que el nivel de vida de las poblaciones del "socialismo real" es inferior al de los países capitalistas" (pág. 162).

"En el curso de este medio siglo, la historia nos ha proporcionado laboratorios; en ellos, las comparaciones son posibles. La disparidad entre las condiciones de vida de las dos Coreas o de las dos Alemanias es tan llamativa, que ni la propaganda de la Nomenklatura, ni siquiera ella, intenta negarla. Bajo la monarquía de los Habsburgo y durante el período entre las dos guerras, se consideraba que Bohemia tenía un nivel de vida sensiblemente superior al de Austria. Cuando la propaganda sobre el "florecimiento de la Checoslovaquia socialista" debió cesar, durante la Primavera de Praga, la dirección del Partido Comunista checoslovaco se propuso, abiertamente, la tarea de acercarse al nivel de vida de Austria" (pág. 163).

"¿Qué ha sucedido en Corea del Norte, en Checoslovaquia, en la Alemania del Este, en Berlín Este? ¿Han sucedido catástrofes naturales, terremotos, epidemias? Nada de eso; en esos países, simplemente, se ha establecido el "socialismo real" (pág. 163).

6. La pérdida de libertades

Quizás se responda que la Unión Soviética fue un accidente histórico, una desviación de los ideales socialistas. Pero los mismos males económicos y no económicos se repiten en todos los países que han ensayado el socialismo. Pérdida de las libertades, pobreza, retraso tecnológico, falsificación de las estadísticas, burocratización. Especial escozor ha provocado siempre, en las dictaduras socialistas, la libertad de salir del país, que en nuestra Constitución es una garantía explícita (art. 14) y que forma parte de la mejor tradición de Occidente. Teniendo en cuenta el creciente prestigio del socialismo en nuestro país, no parece inadecuado recordar los alambres de púas, los muros, las casamatas o, con menor intensidad, las restricciones burocráticas al otorgamiento de visas de salida, que han signado siempre a los experimentos socialistas (y si no, que se lo pregunten a Hilda Molina, cuya prohibición de salir del país no desvela a nuestros actuales gobernantes y no parece tener relación con los derechos humanos).

Decía Voslensky:

"…La clase de los nomenklaturistas sabe que muchos de sus súbditos sueñan con huir: ¿cuál es su actitud al respecto? En la época de Stalin, el simple deseo de abandonar la Unión Soviética pasaba por ser el mayor de los crímenes contra la seguridad del Estado. El tristemente célebre parágrafo 58 del Código Penal de la República Socialista Federada Soviética de Rusia estipulaba que la fuga al extranjero o la negativa a volver eran asimilables a actos de alta traición" (pág. 287).

"Resulta horriblemente complicado abandonar la Unión Soviética de manera definitiva o sea para un viaje de unos pocos días. La Nomenklatura está persuadida de que cualquiera de sus súbditos, si consigue escapar aunque no sea más que por unos minutos a su dominio, está dispuesto –cualquiera sea su edad- a abandonar a sus parientes, a sus amigos, su apartamento, su empleo y sus bienes para permanecer en un país independiente de la Nomenklatura y rehacer allí su vida. El sistema de atribución de visas de salida para los países aque no forman parte del bloque oriental, por consiguiente, persigue en su conjunto el único objetivo de impedir toda fuga" (pág. 289)…evitar que los ciudadanos soviéticos huyan del dominio de la Nomenklatura" (pág. 303).


[1] The Newyorker, 23 de enero de 1989. Véase también el artículo de Heilbroner «Analysis and Vision in the History of Modern Economic Thought», Journal of Economic Literature, volumen XXVIII, septiembre 1990, pp. 1.097-1.114, y en especial las páginas 1097 y 1110-1111.

domingo, 15 de marzo de 2009

LOS CUESTIONAMIENTOS MORALES A LA LIBERTAD DE EMPRESA

Así como en un post reciente me referí a los límites de la libertad por la moral y supletoriamente el derecho, ha llegado la hora de abordar el problema opuesto: el cuestionamiento global a la libertad de mercados y de empresa, al "afán de lucro", a la sociedad egoísta, en contraposición a la solidaridad que debería prevalecer en las relaciones humanas, según los impugnadores de lo que –al menos desde Marx- se denomina capitalismo.


Salvo estudios de James Buchanan sobre el comportamiento político –de los electores y de los funcionarios- la mayor parte de los que adscriben al socialismo o a las distintas variantes de estatismo –e inclusive economistas que en términos generales consideran beneficiosa la libre empresa, como Samuelson- presuponen implícitamente que los gobernantes, legisladores y funcionarios son una suerte de "déspotas ilustrados", omniscientes, e incontaminados, a diferencia de los repudiables burgueses, que actúan movidos por el vituperable móvil del lucro. La complejidad de la psicología humana, las contradictorias tendencias al bien y al mal propias del hombre, los actos de generosidad y desprendimiento que pueden realizar empresarios –e inclusive algún empresario corrupto como Schindler- y a la inversa, los extremos de maldad a que pueden llegar funcionarios que invoquen en el interés público para llenar sus bolsillos o simplemente para ejercer el poder sobre los semejantes, no fueron analizados.



En mi adolescencia, viví con particular fuerza esa impugnación ética a la burguesía, pues muchos de mis amigos detestaban "el sistema" no sólo porque en su concepción, la pobreza de muchos era causada por la riqueza de pocos, sino porque –alguna vez me dijo un muchacho a quien tuve mucho afecto- el sistema era a la vez hijo y engendrador de burgueses despreciables, explotadores o cómplices por omisión en la explotación.



También a lo largo de las décadas del 60 y 70, gran parte de los movimientos eclesiásticos consideraban un deber de los cristianos la "denuncia profética" de situaciones de injusticia y explotación. Los grupos juveniles católicos cantaban "somos hombres que queremos un mundo nuevo de amor", pues estaban cansados de las injusticias. En aquella época, era muy difícil para adolescentes con sensibilidad, sustraerse a la corriente ideológica predominante. Si la sociedad capitalista era intrínsecamente opresora, ¿qué relevancia podía tener si adoptaba formas democráticas –como en Uruguay, durante mucho tiempo- o autoritarias, como en Argentina? La democracia burguesa era meramente formal, una engañifa para que los desposeídos siguieran en su estado de postración.


Esa radical impugnación de las sociedades capitalistas, en hijos de empresarios, profesionales acaudalados, rentistas o pertenecientes a círculos sociales destacados, no podía sino atraer hacia el socialismo a una proporción sustancial de dicha generación. Asumían con culpa su posición económica, su educación y los colegios a los que asistían, y denostaban la riqueza, prestigio o poder de sus padres o parientes. Algunos tomaron las armas, y en otros persiste hasta el presente la culpa por no haber caído en la lucha[1].


De otro lado, se sabía que los países del bloque soviético no eran paraísos de libertad ni de prosperidad, y el Muro de Berlín –que los habitantes de Berlín Oriental no podían atravesar sin ser abatidos a balazos- mostraba que no todos estaban felices de permanecer en esas sociedades asfixiantes. La invasión de Hungría en 1956 y de Checoslovaquia en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia –lo que era un eufemismo para decir el conjunto de naciones satélites de la Unión Soviética- fue aprobada por casi todos los partidos comunistas occidentales.


Para quienes seguían pensando que el socialismo marxista era un ideal traicionado, la Unión Soviética y los países que integraban el COMECON no constituían, en realidad, auténticos socialismos sino "capitalismos de estado", quedaban como faros de luz que iluminaban el porvenir, China comunista, Cuba y Yugoslavia.


La China de Mao Tse Tung estuvo de moda durante la década del 60. En los librerías de Punta del Este, sus veraneantes consumían como pan caliente "El libro rojo" de Mao. ¡Ese era un auténtico socialismo, antiburocrático, sustentado en el campesinado, y que procuraba la "revolución permanente! Realmente, ese socialismo era "in"[2], a diferencia de la Unión Soviética, "capitalismo de Estado" o "socialimperialismo". Lástima que todo eso fuera una inmensa mentira. El maoismo resultó mucho más opresivo y salvaje, porque era más radical, menos burocrático, más fanático que la envejecida "nomenklatura" soviética.


[1] Curiosamente, al menos durante los primeros años de la década de 1970 se repetían con pocas o ningunas restricciones temas contestatarios ("Marcha de la bronca", de Pedro y Pablo, "Hoy te queremos cantar", de Alma y Vida)
[2] Para quienes no conocen el argot de aquella época, lo "in" era para los snobs, lo paquete, lo cheto, la moda.

miércoles, 4 de marzo de 2009

LUGARES COMUNES Y MENTIRAS SOBRE LA EDUCACIÓN

En las economías modernas el trabajo no calificado –es decir, el que no tiene agregados estudios formales o capacitación formal o informal- es el que soporta más bajas retribuciones. A la inversa, el trabajador educado obtiene mayores niveles de ingreso, porque su productividad es superior, puede utilizar las nuevas tecnologías y mantenerse actualizado en su aprovechamiento. Consecuentemente, la educación puede disminuir la pobreza, puesto que ésta no es sólo un problema de bajos ingresos, sino de un reducido valor del "capital humano" (dicho sea esto sin ninguna connotación peyorativa). El problema de los más pobres no son sólo sus bajos ingresos, sino su escasa posibilidad de incrementarlos, porque su productividad es muy baja o nula.


Pese a lo anterior, lo mejor que puede hacer el Estado no es el lugar común de –como se suele repetir acríticamente en Argentina- dar al gobierno una fuerte injerencia en la materia. Llevamos décadas de predicar la importancia de la educación, y de asimilarla con el gasto público en esa materia, y cada década se obtienen resultados más pobres en materia educativa. Una de las explicaciones es que las políticas para el sector han privilegiado lo ideológico, o se han traducido en políticas y normas las concepciones de ciertos funcionarios respecto de la "equidad", lo que significa no castigar al alumno agresivo, violento, indisciplinado o reacio a adecuarse a pautas de comportamiento civilizadas- ni premiar al que estudia y se ajusta a aquéllas.


La educación pública argentina -sobre todo en el nivel secundario- nada ha hecho por aminorar la marginalidad, ya que no alienta la capacidad, ni el esfuerzo, ni la competencia, ni el mejoramiento, y por el contrario, en su afán de evitar la "expulsión" del sistema, fomenta las conductas destructivas y antisociales, al punto que en una generación, la clase media, que enviaba a sus párvulos a las escuelas públicas en una proporción significativa, ha huido de ellas, aterrada por la inseguridad, la politización, la pérdida de horas de clase y el permanente incentivo a la transgresión, la destrucción y el salvajismo.


En los hechos, muchos aspectos de nuestra educación –no sólo la pública, sino la privada- están estatizados: los planes de estudio son trazados por los ministerios de educación; los "contenidos mínimos obligatorios" conforman una abrumadora mayoría de las horas de clase que se dictan; la ideología de los funcionarios y burócratas de la educación –casi sin excepciones, hostil al capitalismo- prima sobre los derechos e intereses de los padres. Las instituciones privadas de enseñanza tienen muy limitada su libertad de brindar contenidos nuevos, distintos, o que contravengan la "religión oficial". Bajo el alero de una ideología colectivista, la ley 26.206 concibe a la educación, no como un derecho individual (art. 14 de la Constitución Nacional), sino como "un bien público y un derecho personal y social" (art. 2), como si el carácter de "público" tuviese un valor ético superior a lo individual; "el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento" (art. 5); "el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional… el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto" (como si una generación de ágrafos, pese a los crecientes presupuestos educativos, no fuera un indicador de que las falencias no provienen de la insuficiencia de recursos, sino en la prevalencia de la ideología y el sindicalismo); "el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública" (art. 10)[1]; "el Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país" (art. 15). Excede el propósito de estas líneas desmenuzar la ley nacional de educación. Lo que no es verba ampulosa e inútil, es ideología socializante y "políticamente correcta".



El derecho de enseñar, conjugado con la libertad de empresa (ambos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional) suponen la licitud de obtener una ganancia (¡horror de los horrores, un lucro!) con institutos educativos. Pero la intención y el sentido de la ley nacional de educación, más allá de su difusa fraseología, está claro: no es cuestión de que empresas capitalistas extranjeras se instalen en el país para competir con la educación estatal o digitada por el Estado. La preservación de la ideología estatista, y su monopolio de la educación, se tienen que asegurar de cualquier modo. La educación privada es un mal, y si proviene del extranjero, peor.




Ya es lejana en el tiempo la polémica acerca de la educación católica en las escuelas públicas. Se ha considerado, con toda razón, que no se puede imponer una determinada creencia a los que tienen otras, o carecen de ellas. Pero nunca se piensa que imponer como contenido obligatorio las ideas o ideologías de los funcionarios del Ministerio de Educación es también una forma de "enseñanza religiosa". Una religión agnóstica o atea y muchas veces antirreligiosa, pero con sus dogmas, sus excomulgados, sus satanes y sus "vade retro", que se impone a los niños y adolescentes sin importar las creencias o ideas de los padres.


La pretensión de uniformar ideológicamente a los jóvenes; el aliento a la agresividad, el conflicto y la indisciplina, lejos de fomentar la igualdad, provocan el efecto contrario: los padres que puedan financiar estudios en la también deficiente educación privada (deficiencias atribuibles a las pretensiones de uniformidad impuestas desde el gobierno) lo harán, y si pueden, huirán como de la peste de la politización de la escuela estatal (en el nivel secundario ya la toma del Colegio Nacional Carlos Pellegrini se ha convertido en un hecho reiterado y que no llama la atención). Los más pobres y la baja clase media se ven sacrificados por la ideología de los funcionarios de los ministerios de educación, y condenados a la carencia de estudios suficientes para insertarse en el mercado laboral; carencia que es el camino seguro hacia la desocupación o a los trabajos con bajos salarios. ¡Y todo ese cuadro de desastres, rindiendo homenaje meramente verbal –típico de Argentina- a principios igualitarios!




Muchos de los funcionarios públicos enquistados durante años en el presupuesto -con el gobierno que sea, desde Grosso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta con Jorge Rodríguez, jefe de gabinete de Menem, continuando en el Frente para la Victoriia - son marxistas, como Daniel Filmus. Y desde el marxismo no se concibe la educación sólo como enseñanza, sino como adoctrinamiento. Basta leer a los "padres fundadores" del marxismo, y su empeño en destruir la propiedad privada y el mercado, pero también la religión, la familia, cambiar la historia y modificar el sentido de las palabras. Hay que crear un "hombre nuevo", pero para eso es necesario que la publicidad sea monolíticamente igual, constante, uniforme y martilleante. No puede admitirse un pensamiento alternativo; toda idea distinta es "contrarrevolucionaria" y por ello, no sólo inadmisible sino peligrosa, cuando no signo de una enfermedad mental (algo de eso supieron los disidentes soviéticos).


Por eso, los pregonados éxitos de la "revolución cubana" en materia educativa, en el contexto de un pueblo sometido a una orwelliana uniformidad ideológica, no son tales. Dentro de los proyectos de ingeniería social, la eliminación del analfabetismo es una herramienta de la politización y uniformación de la sociedad. Lenin decía que "el analfabeto se encuentra excluido de la política, y por ello necesita aprender a leer y escribir"[2]. Eso es cierto, pero la "alfabetización" que va acompañada por el lavado de cerebros no hace a los destinatarios de aquélla seres más libres. Enseñar a leer y escribir, y a continuación vedar la difusión de ideas y conocimientos contrarios o distintos a la ideología oficial, es propagar la ignorancia semialfabetizada.


[1] Además de la imprecisión de los términos, lo que está claro es que no se pueden firmar tratados de libre comercio con países capitalistas, y ni siquiera socialdemócratas, si en ellos la educación no es centralizada ni estatizada (en Suecia han tenido gran éxito, para horror de los progresistas, los "vouchers" educativos, que confieren a las familias mayor libertad de elección



[2] Michael Heller, "El hombre nuevo soviético", edición en Argentina de Ed. Sudamericana-Planeta, 1985, pág. 42.

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sábado, 28 de febrero de 2009

FALACIAS SOBRE EL VALOR AGREGADO

Recurrentemente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en sus frecuentes monólogos dirigidos a ilustrar a los ignaros a quienes gobierna, nos predica sobre la importancia de exportar "productos con mayor valor agregado" (http://www.infobaeprofesional.com/notas/64809-Cristina-pidio-a-los-productores-que-generen-mayor-valor-agregado.html; (http://www.elintransigente.com/notas/2008/12/9/nacionales-8438.asp); que "hay que abandonar el sesgo primario de la producción" (http://wap.perfil.com/contenidos/2008/05/20/noticia_0061.html). Ante autopartistas enfatizó que "una tonelada del sector equivale a 26 mil dólares, mientras una de maíz a 240 dólares" (http://www.cronista.com/notas/139244-con-binner-cerca-cristina-critico-el-sesgo-primario-la-economia) Esa opinión es compartida no sólo por el oficialismo, sino por muchas personas que, en otros aspectos, están en contra de la pareja presidencial. Sin embargo, el análisis económico implícito en esa concepción es primitivo, además de contener una serie de falacias lógicas y errores en la apreciación de los hechos:
1) Una objeción no menor, es la ignorancia del importante valor agregado que tiene la producción agrícola en nuestro país. Por supuesto, una etapa posterior de la cadena productiva agregará un valor adicional –lo que no significa necesariamente que el valor añadido en esa etapa sea superior al de la producción agrícola, de la misma forma que en una escalera, un escalón superior siempre estará arriba del inferior, aunque su altura sea igual o menor a la del que le precede- pero la primera pregunta que hay que hacerse es por qué la exportación de productos con valor agregado adicional resultaría, por hipótesis, más conveniente que la de "commodities", si el mercado demanda éstos y no nuestros productos industriales. Para dar un ejemplo, no se explica por qué exportar leche de soja –que no requieren masivamente los mercados internacionales- sería mejor que exportar poroto de soja. Si realmente lo fuera, ¿por qué motivo no lo hacen los productores, sin necesidad de políticas de estímulo?
A tal objeción podría replicarse que la exportación de productos industrializados genera economías externas que no están reflejadas en la contabilidad privada. Pero ese es un aserto que debe demostrarse, no meramente enunciarse como una verdad evidente. Históricamente y hasta el presente, muchos países desarrollados exportan "commodities" -Estados Unidos es uno de los principales- cuando las circunstancias del mercado internacional lo tornan propicio, y no se consideran subdesarrollados por hacerlo.
2) Si siempre “agregar valor” –con prescindencia de la demanda o inexistencia de ella de los productos resultantes de esa agregación- generase beneficios, la cadena de "agregación de valor" no tendría fin tampoco en el mercado interno, por inútil que resultara. Si producir bienes primarios para la exportación fuera "malo", ¿por qué no podría decirse lo mismo de la producción primaria para el mercado interno? ¿por qué existen productores que se contentan con llegar hasta sólo una determinada etapa de la cadena productiva?
La postura de que la exportación de productos primarios (en realidad, ya tienen un significativo grado de elaboración, cuando se satisfacen standards internacionales de calidad) es inconveniente para el país, para ser coherente con sus supuestos, debería considerar que lo mismo ocurre cuando esa producción se destina puertas adentro. Pero eso es claramente un desatino. Todo producto industrializado requiere, como insumo, la materia prima o semielaborada, sin cuya producción es imposible la del producto final.
No siempre agregar valor es económicamente racional, en tanto no exista una demanda que absorba los mayores precios derivados de la incorporación de aquél. Y si existe, los empresarios se ocuparán de satisfacerla, y de agregar valor sin necesidad de políticas oficiales; a la inversa, por mucho que sea el estímulo, si no hay demanda suficiente de productos industriales elaborados localmente –en gran medida, imputable a las políticas económicas dirigistas- nada se ganará fomentando lo que no va a ser comprado en los mercados internos y externos.
Vender productos con mayor valor agregado no es bueno ni malo en sí, sino una consecuencia de las reglas del mercado. Si los empresarios locales logran colocarlos, enhorabuena, pero no pongamos el carro delante de los caballos: no es un medio para prosperar, sino una consecuencia del crecimiento de la economía y del incremento de la productividad.
3) Comparar el precio y el peso ("una tonelada del sector –automotor- equivale a 26 mil dólares, mientras una de maíz a 240 dólares") es un dislate, que no tiene ninguna relación con la postulada necesidad de exportar bienes con mayor "valor agregado". Si el criterio definitorio de la conveniencia de una determinada producción o exportación fuera el precio por unidad de peso, el estado debería subsidiar, en vez de la exportación de autopartes o automotores, que usan metales cada vez más livianos y plásticos, la venta al exterior de oro, mucho oro, pues una tonelada de ese metal vale U$S 32.521.739,13 (el precio de la onza de oro -28,75 gramos- es de 935 dólares). A la vez, la industria de la computación en el mundo debería lamentarse, pues cada vez vende notebooks más pequeñas, más potentes, más livianas y más baratas; es decir, se obtienen cada vez menos dólares por tonelada. La estrategia exportadora debería ser volver a las computadoras a válvulas, cuyo significativo peso motivaría encomiásticos comentarios de nuestra presidenta. En cuanto a las exportaciones textiles,¡nada de lingerie o minibikinis! Concentrémonos en la producción y exportación de sobretodos, botas de montar, y cinturones gauchos con mucho metal. Mientras más pese lo que exportamos, mejor estaremos. Bolivia debería abandonar sus ruinosas exportaciones de gas; los países exportadores de petróleo, deberían exportar agua, que tiene mayor peso específico, y la lista de absurdos es infinita.
4) El discurso "industrialista" –que encierra varias falacias simultáneas sobre la relevancia del valor agregado, la suposición de que el "valor agregado" proviene exclusivamente de la industria, y tampoco distingue entre valor agregado y precio- pertenece a una época –o ha quedado fijado mentalmente en ella- en que las industrias eran un importante empleador. Ya no ocurre así. Al igual que lo que sucedió y sucede en la agricultura, la industria en los países desarrollados ha perdido importancia relativa como proveedor de empleos, incrementándose paralelamente el peso del sector terciario (los servicios), y esa es la evolución esperable de todo país cuya economía se desarrolle. En Japón, la industria pasó de significar el 35% del Producto Interno Bruto en 1960, a 25% en 1994; en la Unión Europea, del 32% en 1960, a 26% en 1994; en Estados Unidos, de 27% a 18%; y en general, en los países industrializados, de 30% a 20%. Paralelamente, el valor agregado de los servicios en el mismo lapso, que en Estados Unidos representaba el 57% en 1960, alcanzó el 72% en 1994; en los países industrializados, ascendió del 53% al 67%; en la Unión Europea, del 47% al 67%; en Japón, del 52% al 58%[1]. Inclusive en Argentina el fenómeno es similar: los bienes alcanzaban el 56,2% del PIB en 1960, y en 2000 el 32,5%; el valor agregado generado por los servicios era el 43,8% en 1960, y el 67,5% en 2000. Las industrias manufactureras sólo tenían una participación del 16,7% en 2000, contra 32,2% en 1960. Pero esa caída en la participación es relativa; no implica un decrecimiento en valores absolutos ni una desindustrialización, sino que el crecimiento es menor que el generado por los servicios[2].
[1] Ricardo Arriazu, “Lecciones de la crisis argentina”, Ed. El Ateneo, 2003, págs. 49-51 y sus gráficos.
[2] Ricardo Arriazu, obra citada, págs. 51-53.

domingo, 22 de febrero de 2009

EL ROL DE LA MORAL, LAS CONDUCTAS EJEMPLARES Y EL CAPITAL SOCIAL

Algunos liberales –yo también lo soy- pero que ponen especial cuidado en diferenciarse de todo lo que huela a "conservador", se erizan cuando se aborda el tema de los límites de la libertad y los alcances y virtudes de los deberes morales y del comportamiento espontáneamente ético, de las buenas costumbres, de la caridad, del amor (¿por qué no hablar de amor?) y de todo lo que no trata el análisis económico, sumado al temor, en lo político, de que el énfasis en esas cuestiones derive en autoritarismo político, en fundamentalismo religioso, en puritanismo moral, o en intolerancia cultural.
Sin embargo, ninguna sociedad, liberal o no, puede subsistir sin un fondo común de creencias compartidas por gran parte de la población, de comportamientos éticos, y por una serie de restricciones –preferiblemente voluntarias o de lo contrario, jurídicamente coercibles- a la libertad absoluta, cuando ésta atenta contra los semejantes.
Ningún sistema político ni económico y ninguna organización social –desde la Nación, la provincia o un municipio hasta un club social o deportivo- pueden funcionar racionalmente sin un conjunto de reglas asumidas como obligatorias por el común de los partícipes en la organización. Aunque no lo acepten muchos anarco-liberales –y los marxistas ridiculicen a la "moral burguesa"- estamos inmersos en una red de obligaciones y deberes morales, algunas veces jurídicamente exigibles; nuestro egoísmo –que bien encauzado, constituye un formidable aliciente para el trabajo, la innovación y la competencia- cuando choca con los derechos e intereses del prójimo, puede ser destructivo. La libertad, cuando no está acompañada por la responsabilidad –preventiva para evitar los daños, y activamente resarcitoria para repararlos- puede ser, para emplear la jerga de los economistas, una fuente de externalidades negativas, en que nuestro interés afecte brutalmente los derechos ajenos.
Sin contradecir mi firme postura a favor del máximo posible de libertad, de iniciativa privada con pocas restricciones, y de funcionamiento libre de los mercados -todas esas cuestiones han sido tratadas en este blog- resulta necesario formular algunas aclaraciones sobre los alcances de la libertad, la responsabilidad, los deberes morales y el acatamiento voluntario –cuando no coercitivo- a las normas de convivencia social. Y, por qué no, acerca del amor al prójimo, la caridad, las buenas obras y todo lo que hace la vida más amable y la sociedad más vivible.
Los móviles de la acción son, en distintos grados según las multiformes individualidades, el amor, el deber y el honor, el deseo de reconocimiento por los demás, el deseo de mejorar la propia situación, y el temor. La economía liberal reconoce, con realismo, que la ambición de mejorar es casi universal, y que no debe ser combatida, cuando se ejerce a través de la competencia en el mercado. Los totalitarismos comunistas han querido crear un hombre nuevo, pero hasta tanto alumbre ese hombre nuevo socialista, se apoyaron fuertemente en la coacción y el temor, con los desastrosos resultados que conocemos.
Pero no todo en el ser humano es ambición, no todo es interés, no todo es cálculo racional. Es ambivalente. Parte sustancial de su naturaleza tiende a afirmar rotundamente su propia individualidad, aún a costa de los demás. Una de las primeras palabras que un niño pronuncia cuando otro niño o un adulto pretende tomar un juguete que le pertenece, es un indignado y muchas veces agresivo ¡"mío"! Pero puede realizar sublimes actos de altruismo, sacrificar su propia existencia o sus bienes en pos de objetivos que considera superiores: la madre que, exponiendo su vida o a sabiendas de que la perderá, no aborta para que viva el hijo que lleva en el vientre; el bombero u otro servidor público que arriesga y en ocasiones pierde la vida, para salvar a un semejante; la madre Teresa de Calcuta, que renunció a todo para atender personalmente a los más pobres entre los pobres; el Dr. Albert Schweitzer, que finalizó sus días en un hospital de Lambarené (África), al que dedicó gran parte de su existencia y que fundó con su propio peculio; Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz ofreciendo su vida a los carceleros del campo de concentración, a cambio de la de un hombre casado y con hijos. Las vidas ejemplares de santos, mártires y héroes muestran que nuestra especie es algo distinto y mejor, que se eleva por sobre el mero interés inmediato y en ocasiones renuncia a la propia individualidad
Están quienes, sin ser santos ni héroes, realizan sus acciones motivados por el sentido del deber. Esa conducta –y no la maximizadora de ganancias- no sólo es posible, sino que respecto de los gobernantes y funcionarios públicos es moral y jurídicamente exigible. Por liberales que seamos en lo económico, requerimos a los hombres públicos que gobiernen, legislen o juzguen en cumplimiento de su deber, no para llenarse los bolsillos. Está dentro de las reglas del sistema económico que los particulares procuren maximizar sus beneficios, pero no es lo esperable de los funcionarios. El mercado no funciona en el vacío legal. Requiere una estructura de normas que lo enmarquen, de jueces que hagan cumplir las obligaciones legales y contractuales, que impongan la supremacía de la Constitución por sobre los frecuentes desbordes de los poderes políticos. Y nada de eso puede ocurrir, si los gobernantes, legisladores y jueces hacen prevalecer sus intereses económicos, sus temores por racionales que sean, sus ambiciones de poder o de ascenso o sus cálculos electorales, sobre el deber de servir al interés público.
Aun en la esfera privada, el minimum de ética en que consiste el derecho impone cumplir las obligaciones y no dañar. Recordemos del derecho romano, que los "tria iuris preceptae" de Ulpiano eran "honestae vivere" (vivir honestamente), "alterum non laedere" (no dañar a otros) y "ius sum cuique tribuere" (dar a cada uno lo suyo). Esos preceptos eran supranormativos; no integraban el derecho, pero lo guiaban y no han dejado de tener vigencia como directrices de la acción. Mientras mayor sea el grado de adecuación espontánea a deberes que se tienen por autónomos –en el sentido etimológico de auto-nomos, normas autoimpuestas- menor será la necesidad de coerción estatal. Cuando los miembros de una sociedad en forma libre asumen sus responsabilidades, cumplen sus deberes y obligaciones, menos necesarias resultan las odiosas prohibiciones.
A despecho de la opinión de los "anarcoliberales", la libertad nunca es absoluta, y cuando se ejerce en detrimento de los derechos ajenos, destruye las derechos y libertades de los demás. Toda sociedad presupone la existencia de una densa red de obligaciones, de reglas formales o informales prescriptivas de conductas, y limitaciones a la libertad, entendida ésta como la posibilidad de elegir cualquier vía de acción, sin sujeción a restricciones auto o heteroimpuestas. No somos libres de atentar contra la vida, las libertades o la propiedad del prójimo, aunque desde la perspectiva de nuestros deseos o intereses individuales sean las alternativas que más nos plazcan o convengan. No somos –no debemos ser- libres de provocar disturbios en la vía pública, orinar en las puertas o paredes de las propiedades ajenas, o en las veredas. No podemos circular en contramano, o a velocidades mayores que las máximas establecidas. No podemos cortar calles o rutas, pues atentamos contra la libertad de circulación del resto de la comunidad. No podemos conducir en estado de ebriedad, pues ponemos en peligro a nuestros semejantes. Podrá en cada caso particular discutirse la conveniencia de determinadas regulaciones, de ciertas obligaciones o prohibiciones –en Argentina, el frenesí regulatorio de la economía ha llegado hasta el paroxismo- pero en cualquier sociedad deben existir normas éticas, de convivencia y también jurídicas, que entrañan el deber de subordinar las propias pretensiones, intereses o apetencias a pautas de convivencia social, y que en ocasiones son convertidas por el poder público en preceptos jurídicamente vinculantes. Una de las notas distintivas entre el ser humano de los salvajes, es su capacidad de aceptar restricciones a los propios deseos inmediatos. Y lo que caracteriza al delincuente psicópata, es la absoluta prioridad que otorga a su propio yo por sobre los derechos ajenos y las normas legales o morales.
El respeto de las libertades individuales, de la propiedad privada y del cumplimiento de los contratos –prerrequisito para el funcionamiento de los mercados- pueden ser impuestos por normas jurídicamente obligatorias. De hecho, muchas de las leyes apuntan a ese objetivo. Pero resulta mucho más simple, más eficiente, menos conflictivo y más acorde con las reglas de la ética que los contratos se cumplan voluntariamente porque los contratantes tengan internalizada como regla de conducta, que deben ser cumplidos, con prescindencia de las sanciones legales; que la propiedad privada y pública sea respetada por los particulares; que no se causen daños injustos a terceros, por la simple convicción de que es éticamente reprensible. Uno de los axiomas del derecho contractual es la “autonomía de la voluntad”, y está bien que así sea; lo que pocos recuerdan es que, además de ser un precepto incorporado al ordenamiento jurídico (artículo 1197 del Código Civil) es, según Kant y trascendiendo la órbita de los negocios, el sustento mismo de la moral: si la voluntad no es autónoma, no hay conductas éticas.
Cuando la libertad es acompañada de responsabilidad; cuando las obligaciones legales u contractuales se ejecutan voluntariamente; cuando los habitantes de una comunidad evitan en lo posible causar daños a terceros; cuando se preservan los bienes públicos –plazas, parques, estatuas, calles, caminos- por propia convicción y no por temor a la sanción, las sociedades no sólo son más felices, sino más eficientes, pues no deben distraer ingentes recursos para prevenir o sancionar conductas ilícitas, inmorales o antisociales.
La economía aborda la acción humana predominantemente desde la óptica del operador cuya conducta está dirigida por el cálculo racional. Aunque no supone que todos los individuos así procedan, economistas como Gary Becker aplican el análisis económico al matrimonio, a los hijos, al delito, y a un sinfín de aspectos que tradicionalmente se consideraban ajenos al ámbito propio de esa ciencia. Parten de la premisa que el ser humano tiende a privilegiar el propio interés, procura minimizar los costos, maximizar los ingresos y obtener la mayor satisfacción posible. Analizando la acción humana desde un punto de vista descriptivo, y no normativo, llegan a la conclusión de que el libre juego de los intereses particulares conduce a una sociedad más próspera. Desde Adam Smith ese enfoque ha sido fructífero para los desarrollos teóricos -pues suponer una infinita variedad de conductas posibles, además de ser irrazonable, impediría elaborar ninguna ciencia- y para el progreso económico de las sociedades, pues las económicamente más libres son las que han alcanzado mayores niveles de prosperidad material.
Pero esa perspectiva, pese a su fecundidad, resulta insuficiente. Todo sistema político y toda sociedad requieren, para su buen funcionamiento y su progreso -no sólo económico, sino integral- un nivel elevado de moralidad, de responsabilidad, de acatamiento voluntario de normas éticas y jurídicas que entrañan restricciones a la libertad ilimitada. La libertad sin responsabilidad y sin sujeción a obligaciones no lleva a una sociedad mejor, sino a la anarquía. Una comunidad en que prima absolutamente el interés egoísta e inmediato, sin consideración alguna por los daños que pueda causar la propia conducta, se asemeja a una sociedad de salvajes, y ni siquiera es posible el funcionamiento del mercado, cuyas virtudes he ponderado en otros posts.
La economía de mercado reposa en intercambios voluntarios, envueltos en una tupida red de contratos que, una vez concertados, deben ser cumplidos no porque convenga a los contratantes –presumiblemente, así lo consideraron al celebrar el negocio, pero no necesariamente conviene a la hora de ejecutarlos- sino porque están obligados a hacerlo.
Las sociedades en las que el mercado está unido con el amor, el deber, la libertad con responsabilidad, y un conjunto de valores compartidos no sólo son probablemente más felices, el delito y la marginalidad son menores, sino económicamente resultan más eficientes. Tienen, además del capital físico y monetario, el capital social.
El concepto de capital social no es preciso, pero no siempre lo preciso es relevante, y a la inversa, muchas veces lo impreciso es fundamental. Resulta difícil definir la moral de una forma que sea aceptable para todos, pero no puede haber una sociedad sin moral. Similares consideraciones caben respecto del capital social.
Por lo pronto, se integra con normas espontáneas de convivencia, que posibilitan el surgimiento de organizaciones edificadas sobre la confianza (Francis Fukuyama)[1]. Esas organizaciones fomentan el desarrollo y el bienestar de la sociedad, pues reducen los costos de transacción y facilitan la cooperación social. Cuando existe confianza en que el prójimo cumplirá su deber y no tratará de perjudicarnos –confianza sustentada en "eo quod plurunque fit"- las habituales medidas de protección resultan innecesarias. A la inversa, en una sociedad en que se cree, con razón, que es probable ser asaltado, violado su domicilio, estafado por el co-contratante, que el dinero que se anticipe a cambio de prestaciones futuras probablemente será dinero perdido; y quien anticipe prestaciones no recibirá oportunamente el dinero; una sociedad en la que hay que gastar en protección privada de la vivienda, porque se desconfía de la eficiencia y honestidad de la policía; una sociedad en la que deben firmarse detallados contratos con prolijas cláusulas, y aún así es probable que el vendedor, el comprador, el locador o el locatario, el asegurador o el asegurado no cumplan, tienen elevadísimos costos de transacción. La oferta de bienes y servicios y de crédito es menor y los precios e intereses son más elevados, que en un entorno de confianza fundada en la habitualidad de virtudes como la lealtad, la honestidad y el cumplimiento del deber por los otros integrantes de la comunidad.
Muchas veces en los sitios webs y foros liberales, la postura de los participantes es que toda restricción moral o jurídica a las conductas, equivale a una imposición totalitaria del Leviatán. ¿Por qué prohibir que se fume en el interior de locales? ¿por qué la prohibición de las drogas? ¿por qué no soy libre de drogarme en la vía pública? ¿Qué daño hace el sexo en la calle, o frente a la puerta de una casa ajena? No he visto la pregunta de por qué no hacer las necesidades fisiológicas en ese ámbito, pero sería coherente con esa postura "libertaria".
Pero una sociedad de esas características, ¿es más libre o es un infierno, donde los marginales mantienen al resto de la población aterrorizada y recluida en sus domicilios, cuando no se mudan –los que pueden y quieren- a un country o barrio privado?
Si bien las conductas antes descriptas normalmente constituyen contravenciones policiales, no faltan los cuestionamientos a su constitucionalidad. Y el problema de fondo es otro: cuando no se acepta espontáneamente la vigencia de ciertas pautas de convivencia, obtener su cumplimiento por medio de normas jurídicamente obligatorias es difícil, y a veces imposible.
Lamentablemente, en los últimos años y en la generalidad de los países de occidente, el cine, los diarios, la televisión, la radio, fomentan el desprecio por la autoridad, enaltecen a los delincuentes, ridiculizan las instituciones tradicionales, presentan como simpáticos a modelos de seres marginales, infractores de las leyes y de las normas. Habitualmente el cine muestra a los estafadores, a los incumplidores de las obligaciones, a los delincuentes, a las parejas desquiciadas, como los protagonistas principales de las películas. En la televisión se ridiculizan las buenas maneras y el buen decir, que son sustituidos por una jerga semibárbara, mechada de groserías.
¿Y se piensa que eso no tiene consecuencias? La criminalidad ha sentado sus reales, facilitada por sociedades desquiciadas, anómicas, infractoras de la ley, con habitantes que desconfían –las más de las veces, con razón- de los otros y de la autoridad.
Esa moral de la tribu, relativista en lo ético y en lo cultural, que desprecia los valores "burgueses" como "hipócritas", no puede sino conducir a un incremento de la violencia y del crimen. Para colmo, en los colegios primarios y sobre todo secundarios, se ha erosionado toda idea de orden, disciplina y jerarquía. Las frecuentes agresiones a profesores; la imposibilidad de mantener el orden en las aulas; la ausencia de sanciones, todo ello ha conducido a una sociedad de ágrafos, violentos, ignorantes y petulantes.
La paulatina desaparición de los matrimonios, mostrada por muchos medios de comunicación como un avance hacia una sociedad más moderna, ha provocado un deterioro alarmante de los niveles educativos, y una mayor tasa de criminalidad. Siguiendo a otra obra de aconsejable lectura de Fukuyama ("La gran ruptura", Editorial Atlántida, 1999, págs. 159 y ss), "la disminución de las familias nucleares en Occidente tuvo un efecto altamente negativo sobre el capital social; se ligó estrechamente el incremento de la pobreza para los individuos de la base de la escala social, condujo a niveles crecientes de delincuencia y, por último, provocó una caída en los niveles de confianza…Una de las consecuencias más importantes de la disminución del capital social en la familia ha sido una baja del capital humano en las generaciones siguientes. El Informe Coleman de 1966, elaborado en base a un estudio encargado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social de los Estados Unidos, consistió en un estudio masivo que procuró identificar las fuentes del desempeño educativo. La investigación detectó que la familia y los padres tienen un impacto mucho mayor sobre la formación del individuo que los factores controlados por la función pública como ser salarios de los docentes, dimensión de las aulas, gastos en computadoras, entre otros. A partir de esa fecha, los resultados del Informe Coleman se han visto confirmados por mucha cantidad de investigaciones posteriores. Gran parte de la desastrosa caída en los puntajes de las pruebas que se produjo en los Estados Unidos durante el período de la Gran Ruptura, tiene relación directa con la ruptura, el desmembramiento y el empobrecimiento familiar, además de otras disfunciones que impiden la transmisión de conocimientos y habilidades. Por el contrario, el alto desempeño de muchos niños asiático-estadounidenses refleja una estructura familiar relativamente intacta y con tradiciones culturales bien afirmadas en esa comunidad".
"Los efectos del divorcio, de los hijos extramatrimoniales y de las familias uniparentales sobre el bienestar de los niños que se desarrollan en este tipo de hogares –y sobre el capital humano y social transmitido de generación en gneeración- han sido investigados y discutidos exhaustivamente desde la publicación del informe Moynihan, realizado en 1965…Creo que cualquier lectura objetiva de este material conduce a la conclusión de que –manteniendo iguales todas las demás variables- es mucho mejor criarse dentro de una familia tradicional conformada por padre y madre que en una familia uniparental o sin padres biológicos…".
Friederik von Hayek, pese a su declarado agnosticismo, tenía una clara conciencia de la importancia de las normas morales. En La Fatal Arrogancia dijo: “Para captar adecuadamente el íntimo contenido del orden que caracteriza a la sociedad civilizada, conviene advertir que este orden, lejos de ser fruto de designio o intención, deriva de la incidencia de ciertos procesos de carácter espontáneo. Vivimos en una sociedad civilizada porque hemos llegado a asumir, de forma no deliberada, determinados hábitos heredados de carácter fundamentalmente moral, muchos de los cuales han resultado siempre poco gratos al ser humano - y sobre cuya validez e intrínseca eficacia nada sabía-. Su práctica, sin embargo, fue generalizándose a través de procesos evolutivos basados en la selección, y fue facilitando tanto el correspondiente aumento demográfico como un mayor bienestar material de aquellos grupos que antes se avinieron a aceptar ese tipo de comportamiento. La no deliberada, reluctante y hasta dolorosa sumisión del ser humano a tales normas facilitó a dichos entornos sociales la necesaria cohesión gracias a la cual accedieron sus miembros a un superior nivel de bienestar y conocimientos de diversa especie, lo que les permitió multiplicarse, poblar y henchir la tierra; (Génesis, I, 28). Quizá sea este proceso la faceta más ignorada de la evolución humana”
El anarco-liberalismo, reclutado frecuentemente entre personas sin responsabilidades ni preocupaciones familiares, es sustancialmente distinto al liberalismo de Adam Smith –un clérigo escocés- o al liberal-conservadorismo de Edmund Burke –a quien cierta historiografía presenta como un reaccionario, pese a que era un whig, no un tory. Sus críticas a la revolución francesa y al racionalismo –entendido como constructivismo social- así como su defensa de las tradiciones, lo mostraban conciliando las ideas liberales en lo económico, con el tradicionalismo. La mentalidad antirreligiosa de los filósofos franceses no existió en Gran Bretaña (Lord Acton era católico y liberal) ni en Estados Unidos (basta leer el clásico de Tocqueville, “La Democracia en América”), y eso permitió a dichos países conjugar la tradición con la modernidad, y adelantar al resto del mundo a lo largo de los siglos 19 (Gran Bretaña) y 20 (Estados Unidos).
Quienes defendemos a la vez la libertad económica, con las necesarias restricciones a la libertad, impuestas por las propias convicciones, por el deber o por las normas jurídicas, nos encontramos frecuentemente frente a la tacha de inconsecuencia. Si eres liberal –se nos dice- debes serlo en todos los órdenes; la libertad no admite fraccionamientos, o se privilegia la libertad por sobre cualquier otra consideración, o en el fondo tu liberalismo es una fachada de tu conservatismo, y de allí al fascismo no hay más que un paso.
Miles de veces me he encontrado frente a esa argumentación, y siempre me ha parecido equivocada, cuando se la esgrime con buena fe, o ruin, cuando es enarbolada por sofistas conscientes:
* En primer lugar, al socialismo no se le exige ninguna pretendida "coherencia". Yo tampoco: creo que un socialista puede ser cristiano o ateo; alto o bajo, creyente en la libertad –aunque no repare que es imposible bajo el régimen que propugna- o piensa que la libertad en el capitalismo es la libertad para morirse de hambre, y que el hombre nuevo socialista sólo accederá a la "verdadera" libertad una vez liquidado al régimen capitalista. Los socialistas no dejan de ser tales porque existan diferencias, a veces inconciliables –Trotsky pagó con la vida sus diferencias con Stalin- entre ellos.
* En segundo lugar, el liberalismo, esencialmente antidogmático, no puede aceptar como dogma que cualquier restricción a la libertad, por importante que sea el bien que se le contrapone, sea desestimable sin análisis. Curiosamente, los economistas liberales, cuando desarrollan la teoría de la utilidad marginal, suponen que no existen elecciones entre bienes a todo o nada, sino en dosis infinitesimales que se representan gráficamente como curvas continuas. Un médico puede prescribir a su paciente que haga gimnasia, pero eso no significa que cualquier tipo de gimnasia, de cualquier intensidad, con prescindencia de la edad y salud del paciente, sea buena.
* El mercado libre se asienta en la propiedad privada y en la intangibilidad –como principio- de los contratos. Pero no hay propiedad ni contratos, si una proporción mayoritaria de la población no está dispuesta a respetarlos, y sin un ordenamiento jurídico que –para los casos de excepción que se viola aquélla o se incumpla éstos- compulsivamente les dé ejecución, prestando el auxilio del poder público, aún con la fuerza (para desalojar a los intrusos o inquilinos incumplidores, embargar, secuestrar y subastar los bienes del que no paga, o compeler el cumplimiento de las obligaciones de hacer, aunque sea a través de su ejecución por terceros a costa del obligado).
* En cuanto a las restricciones impuestas por la moral, las buenas costumbres y por el propio sentido del deber, ¿quién dice que es más libre la sociedad que repudia la moral, que ridiculiza las buenas costumbres y relativiza los deberes? En ausencia de ellos, nos encontramos no con el buen salvaje rousseauniano, sino con el salvaje hobbesiano: tosco, brutal, desconsiderado; donde el hombre es el lobo del hombre.
Una cosa es que crea en las libertades civiles y económicas –las que consagra el artículo 14 de la Constitución Nacional- y en las bondades de los sistemas económicos que se fundan principalmente en el libre funcionamiento de los mercados –creencia que no se basa en ningún "a priori" dogmático, sino en la constatación de que las sociedades más libres son las más prósperas- y otra, que pretenda erigir a la libertad en órdenes ajenos a las libertades civiles, políticas y económicas, en un principio absoluto, que se contraponga con los derechos y libertades de los demás.
Entiéndase bien: no estoy propiciando el gobierno del Gran Hermano, que se inmiscuya en nuestras conciencias y creencias. Pero no admito, verbi gratia, que forme parte necesaria de un programa liberal, la legalización de los estupefacientes o del aborto. Quizás, por razones de conveniencia –como las que esgrime Milton Friedman- pueda eventualmente tolerarse la comercialización legal de ciertas sustancias actualmente prohibidas (aparentemente la marihuana no es mucho más peligrosa que el alcohol). Pero no es una cuestión de principios, sino de política legislativa; de conveniencia social. Quizás, por razones humanitarias, no sea bueno convertir a una madre que aborta, en una delincuente. Pero no está en juego la "libertad de disponer del propio cuerpo", sino una vida humana.
Las concepciones "libertarias" que defienden el capitalismo, pero rechazan la moral, los deberes y las convenciones, no advierten que el capitalismo, o la economía de mercado, o como quiera llamársela, no funciona en el vacío legal e institucional. Y cuando hablamos de institucional no sólo nos referimos a lo jurídico, sino a las instituciones que crean o incrementan el capital social: la familia como principal educadora; los deberes morales como sustituto de los legales; la caridad en vez del estado de bienestar que oprime a los contribuyentes, para distribuir migajas entre los beneficiarios; el cumplimiento espontáneo de las normas como regla de convivencia social.
[1] Para un desarrollo exhaustivo y con abundante acopio de argumentos y ejemplos, FRANCIS FUKUYAMA, "Confianza" (Trust), Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1996